Desde que La Pau, empresa que opera en Araba y Bizkaia, anunciara el descuelgue del convenio que se encuentra en vigor la incertidumbre se ha apoderado de la plantilla. Hoy nos hemos movilizado en Gasteiz frente a la sede del Gobierno Vasco de Lakua.
El pasado 11 de junio se firmó el nuevo convenio del sector de las ambulancias por la patronal y por los sindicatos ELA, CCOO y UGT. LAB cree que la firma de este convenio perpetúa futuras negociaciones con empresas cuyo único fin es el lucro, obviándose la importancia de conseguir una gestión pública del servicio. Además de considerarlo insuficiente, ya que sus cambios con el anterior son mínimos y se limitan a una subida salarial con la cual no se recupera la pérdida de poder adquisitivo sufrida durante estos años y a una reducción de horas, el sindicato subraya que apenas recoge mejoras en relación a permisos y licencias más allá de las que ya están en vigor con la nueva ley de familias estatal. Cabe destacar que el preacuerdo fue firmado apenas dos días antes de las elecciones de la CAV, dejando en evidencia la negociación paralela a la mesa oficial que tuvieron los sindicatos firmantes con el Gobierno Vasco.
Poco después de dicha firma, La Pau, empresa gestora de las ambulancias en Araba y Bizkaia, comunicó su intención de iniciar el proceso de descuelgue del convenio anterior aún vigente. Esto incluye la eliminación de la paga extra de julio y una reducción salarial del 12,5%. Estas acciones se llevaron a cabo sin respetar los procedimientos legales, mientras la empresa nombraba a un excargo del PNV como gerente y aumentaba el número de supervisores y cargos intermedios. Pero no es algo que sorprenda a LAB, ya que La Pau ha acumulado numerosas denuncias por diferentes irregularidades desde su entrada, como el incumplimiento de la desconexión digital, irregularidades en los calendarios, retrasos en el pago de nóminas, sanciones graves en materia de riesgos laborales y otras prácticas cuestionables.
A pesar de todo ello, el Gobierno Vasco ha mirado para otro lado y se ha desentendido de una problemática que afecta tanto a las personas trabajadoras como a las usuarias.
LAB sigue pensando que la privatización del servicio lleva a este tipo de situaciones: una plantilla quemada, unos recursos insuficientes y un peligro real de no poder garantizar un servicio tan esencial como es este. Por lo tanto, continuará defendiendo y reivindicando la gestión pública del servicio.