En los últimos días el Departamento de Educación ha presentado dos importantes iniciativas enmarcadas en el acuerdo educativo de la CAV: la primera, el cronograma del I Sexenio (2022/2023 – 2028/2029) vinculado a la Ley de Educación; y la segunda, 679,3 millones de euros para la financiación de los conciertos educativos en ese sexenio.
Cuando analizamos y valoramos el pacto educativo, a pesar de los avances, pedimos mayor profundidad en varios temas y pedimos una hoja de ruta para abordar las demandas de los y las trabajadoras. Tal y como indicamos entonces, la creación del Servicio Vasco de Educación en la dirección de la escuela pública comunitaria vasca que LAB tiene en el horizonte -otorgando los mismos derechos y exigiendo las mismas obligaciones-, y dotar a los centros de más competencias, podría ser un paso si esto se entiende como una transición y no como un escenario final.
Sin la redacción de la Ley de Educación ni los requisitos que deben cumplir los centros que van a participar en el Servicio Vasco de Educación y sin que la auditoría e inspección estén recogidas en la ley, el consejo de gobierno del Gobierno Vasco ha aprobado la orden y la financiación de los conciertos educativos.
Llegamos a tres conclusiones principales:
1. Criticamos el retraso del Plan Estratégico de la Escuela Pública. El Departamento de Educación está discriminando la escuela pública. El sindicato LAB afirmó en su valoración del acuerdo educativo que atendiendo al contexto actual, era necesario cuantificar la inversión que se va a realizar en él para construir un sistema educativo que tenga como eje la escuela pública, era el momento de pasar de las palabras a los hechos. Por eso, LAB decía que antes de la nueva ley educativa, había que elaborar el Plan Estratégico de la Escuela Pública Vasca, una medida de urgencia. El Departamento de Educación ha aplazado el plan de la escuela pública hasta 2024.
2. Se destina más dinero a la renovación del sistema de concertación, sin especificar las obligaciones, su supervisión y los mecanismos de control. Además, se ha reforzado el sistema de concertación integrando en él etapas que hasta ahora no habían estado concertadas. La financiación llega antes de negociar el uso del dinero público y las condiciones que deben tener los pactos educativos, a la vez que la bajada de ratios de profesorado que tanto nos ha costado en la escuela pública.
Por cierto, LAB critica que las obligaciones y derechos que deben tener los centros que formarán parte del Servicio Vasco de Educación y los mecanismos para financiarlos sólo se hayan negociado con las patronales. Esto ha supuesto la concertación de algunas etapas y servicios educativos que hasta ahora no estaban concertados, reforzando el sistema de concertación, sin establecer condiciones: Bachillerato, formación
profesional, ayudas educativas especialistas y parece que también han incorporado el aula de 2 años que pertenece al primer ciclo de la etapa de educación infantil. Sistema de concertación ad hoc a las patronales.
3. No existe hoja de ruta para abordar las peticiones de las y los trabajadores. Además, tal y como se informó públicamente al Departamento de Educación en el mes de abril, LAB mantiene la petición de presentar un calendario y metodología concreta para abordar los asuntos laborales, con el fin de consensuar con las y los trabajadores todas las cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo colectivo a colectivo. A día de hoy no hemos recibido ninguna metodología ni calendario. Lo único que se ha negociado en los últimos años -y no por el Acuerdo Educativo- han sido los criterios y ratios para dotar a las plantillas de profesorado de la red pública, todo ello con huelgas y movilizaciones de por medio.
En resumen, LAB considera que se renueva y refuerza el sistema de concertación y que no hay una apuesta por la escuela pública. Así, lo que ha planteado el Departamento de Educación puede perpetuar el actual modelo dual más que dibujar la transición. En este sentido, LAB quiere manifestar que utilizará los instrumentos a su alcance para que las medidas a favor de la escuela pública se implementen con carácter de urgencia y se tengan en cuenta las demandas de las y los trabajadores, para lo cual será necesaria la movilización de la comunidad educativa.