Las trabajadoras y trabajadores de Incoesa, han compareceron ayer ante la Comisión de seguimiento del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad para pedir explicaciones sobre las subvenciones que la misma Arantza Tapia reconoció haber entregado a Incoesa.
En virtud a la declaración institucional aprobada el pasado mes de junio, que recogía la pretensión de revisar toda relación económica que se mantuviera con la empresa por parte del gobierno, la plantilla ha exigido que se obligue a devolver ese dinero en caso de que la empresa no cambie su intención de deslocalizar la planta de Bedia.
En opinión de las trabajadoras y trabajadores, además de haber entregado esa cantidad de dinero y omitir a los trabajadores las explicaciones oportunas, el Gobierno Vasco parece dar facilidades al cierre de Incoesa, tal como demuestra el último informe emitido por la Delegación territorial de trabajo empleo, y políticas sociales de Bizkaia.
Si en el informe de septiembre se denegaban los traslados de los trabajadores de una de las empresas afectadas, Magneticos Bedia, ahora un nuevo informe, y sin haber cambiado nada desde entones, considera que hay causas económicas y productivas para cerrar el resto de empresas y trasladar a los trabajadores a Soria y Extremadura o sino de patitas en la calle.
Los trabajadores y trabajadoras consideran que son totalmente irresponsables las actuaciones que se están dando por parte del Gobierno Vasco ante esta deslocalización, puesto que más que actuar con responsabilidad contra la destrucción del tejido productivo que quiere llegar acabo Incoesa, mira para otro lado. En el caso de este último informe temen que pueda tratarse de un acuerdo tácito entre Gobierno Vasco y la dirección de la empresa para dar la espalda a los trabajadoras y trabajadores.
Por ello se vuelve a exigir a las instituciones que actúen contra esta deslocalización, y que no se abandone el objetivo de defender el tejido industrial de nuestro pueblo y se mantenga abierta la planta de Bedia.
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