En estos duros momentos, LAB quiere hacer llegar todo su apoyo y solidaridad a familiares y entorno de Alberto Sololuze, que ha sido identificado, y Joaquín Beltrán, que continúa desaparecido.
El pasado 6 de febrero Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán desaparecieron en el vertedero Verter Recycling en Zaldibar cuando éste se hundió. Después de estar desaparecido a lo largo de 6 meses y 10 días, hoy han identicado los restos humanos encontrados en los últimos días en las instalaciones y han confirmado que corresponden a Alberto Sololuze. Antes de nada, y desde el sindicato LAB, queremos hacer llegar nuestras condolencias y todo nuestro apoyo y solidaridad a su familia y entorno. Algo que hacemos extensivo a familiares y entorno de Joaquín Beltrán, que continúa desaparecido. Pedimos que continúen las tareas de búsqueda con todos los recursos necesarios, hasta encontrarle.
Desde un primer momento hemos estamos en la calle para pedir que el caso se aclarara. Y también visitamos el propio vertedero, las explicaciones que escuchamos allí (la dimensión del desastre, las condiciones de las y los trabajadores que participan en tareas de búsqueda…) confirmó nuestra sospechas.
Desde un principio pedimos que encontraran a los trabajadores, y es importante recuperar los cuerpos, sobre todo para familia y entorno. Pero esto no acaba aquí, tal y como señalamos desde un principio, también consideramos imprescindible depurar responsabilidades y llegar hasta la últimas consecuencias. Aclarar la responsabilidad de todos los agentes implicados y garantizar la salud de la ciudadanía sigue siendo indispensable.
Está claro que la empresa Verter Recycling tiene una responsabilidad directa respecto al trabajador fallecido y al desaparecido y en general, ante el desastre ocurrido en el vertedero. No obstante, dichas responsabilidades no se pueden limitar únicamente al ámbito privado, ya que en este caso, el Gobierno Vasco dirigido por Urkullu, con su indiferencia respecto a los accidentes laborales y las y los trabajadores, y el consejero Arriola tienen una responsabilidad política directa con lo ocurrido en Zaldibar. Más aún si tenemos en cuenta la relación personal y directa existente entre varios cargos de la empresa y algunos cargos políticos. Aunque el Gobierno Vasco haya querido limitar este asunto al ámbito privado, es el responsable del control y la inspección de los vertederos.
Tras confirmar la muete de Sololuze, ya son 46 las y los trabajadores muertos en Euskal Herria desde inicio de año. Esta misma semana, el 17 de agosto, falleció un trabajador del centro especial de empleo USOA.
A mediados de agosto ya hemos alcanzado el número de muertes en el trabajo de 2019 (46). Además, Joaquín Beltrán continúa desaparecido en el vertedero de Zaldibar. El parón de la actividad económica que ha habido en el contexto del coronavirus y la posterior crisis económica tampoco han parado la sangría de las muertes en el trabajo. Y aún faltan más de cuatro meses para que finalice el año.
Los accidentes laborales no son acontecimientos casuales, sino consecuencia de las condiciones laborales que nos impone un modelo económico concreto, y especialmente el de Zaldibar, es un claro exponente del ecocida sistema capitalista. Así, adquiere especial relevancia depurar responsabilidades respecto a lo ocurrido. Además, la política de privatización que han desarrollado las administraciones hasta ahora nos parece denunciable. Las actividades económicas estratégicas deben ser públicas.
En los últimos seis meses se han realizado numerosas iniciativas con el objetivo de aclarar lo sucedido en el accidente que mató a dos trabajadores, para conseguir un solución que contemple a trabajadoras y trabajadores, la salud y la responsabilidad.
La movilización y la respuesta popular siguen siendo necesarias para señalar que no estamos dispuestas a aceptar hechos así y reforzar la transición hacia un modelo que sitúe a la vida en el centro.