Es conocido que estas empresas cuentan de forma fraudulenta con trabajadores autónomos para prestar los servicios de reparto, siendo que las diferentes resoluciones Inspección de Trabajo (validadas por sentencias de Tribunales Superiores de Justicia), han considerado que la operativa era un fraude de ley, debiendo ser considerados estos repartidores como trabajadores por cuenta ajena.
Ante este extremo, y teniendo en cuenta la situación excepcional que vivimos, es imprescindible que al menos las empresas proporcionen EPIs específicas y protocolos adecuados para las riders. Esto no está sucediendo, ya que las personas riders están trabajando sin ningún tipo de protección. En este peligroso contexto se eleva la necesidad de que las empresas de reparto se responsabilicen con sus trabajadores, trabajadoras y la sociedad, y no se desentiendan con mentiras tales como “los trabajadores son autónomos”.
En ese sentido, desde el sindicato LAB, conjuntamente con Riders x Derechos, hemos denunciado estos hechos en Inspección de Trabajo de Bizkaia, Araba, Gipuzkoa y Nafarroa. El derecho a la salud de las riders está por encima de los beneficios de empresas como Glovo o Deliveroo.