Llevamos años denunciando el estado de excepción que existe en las administraciones vascas. En muchos ámbitos e instituciones hay tanto personal interino como fijo, aunque en algunos casos el personal interino es más. La situación se agrava cuando nos fijamos en el perfil de este personal eventual, mujer con responsabilidades familiares y con 8 ó 10 años de antigüedad en la institución.
Está claro que esta situación no se ha dado por casualidad. Esta situación ha sido provocada por los partidos políticos que han gobernado en las principales instituciones y especialmente en el Gobierno Vasco. Las excusas de estos han sido las prohibiciones que han venido desde Madrid; en nuestra opinión, más allá de la prohibición, quieren poner en marcha un modelo de administración neoliberal. El Lehendakari Urkullu proclamó en voz alta durante la campaña electoral que «nosotros no vamos a decir que adelgazaremos la administración, ¡la vamos a adelgazar!» Y eso es lo que hace con el mayor autoritarismo que puede. La temporalidad es un primer paso hacia el debilitamiento del sector público y la privatización. La situación actual no es casual, es parte de una estrategia completa.
Desde LAB venimos reivindicando una ley propia para llevar a cabo procesos de consolidación . Una ley propia que responda a la situación excepcional que vivimos en relación con el empleo público. El Parlamento Vasco puede aprobar una ley de estas características aplicable a todas las administraciones vascas; sólo hace falta voluntad política, algo que falta en Ajuria Enea.
Hasta ahora no hemos visto en este Parlamento voluntad suficiente para acabar con la precariedad. Para nosotros el camino más eficaz es sin duda aprobar la ley y acordar procesos de consolidación a través de la negociación colectiva. No tenemos ninguna duda de que hay que hacer un reconocimiento de la estabilidad de los miles de trabajadores y trabajadoras que durante años han estado sacando adelante los servicios públicos. Pero no creemos que las soluciones vengan de los tribunales. Los procesos de consolidación deben enmarcarse dentro de una planificación integral de estabilidad para que en el futuro no nos encontremos en la misma situación.
Por todo esto es más importante que nunca movilizarse en los centros de trabajo y presionar en las calles. El Gobierno Vasco no se aleja mínimamente de los criterios que se deciden en Madrid. Con total complicidad y servidumbre para con el gobierno español, ambos gobiernos quieren poner en marcha lentamente el modelo de sector que comparten. Está en nuestras manos la defensa de un sector público fuerte y acabar con la situación de precariedad que se da en las administraciones vascas. No debemos desviar la mirada hacia Madrid o Estrasburgo, porque los dirigentes vascos son los culpables de la precariedad vasca. Las soluciones más eficaces están en nuestros parlamentos y mesas de negociación.
Vemos necesario situar en la agenda la situación de precariedad que existe en el sector público en este clima electoral. Para ello, en los próximos días sacaremos una vez más a la calle el clamor por la estabilidad. Vamos a interpelar directamente a los responsables de la situación que hay en las administraciones vascas, para que sientan en sus espaldas la situación de inestabilidad de miles de trabajadores y trabajadoras. ¡Lo conseguiremos a través de la movilización!