2024-05-02
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Solamente desde la gestión directa de la administración de las ambulancias de emergencias de Araba se podrá garantizar un servicio de calidad

Durante el ultimo mes, la situación de las ambulancias de emergencias de Araba ha sido motivo de preocupación, tanto por el abandono de la empresa Larrialdiak el pasado 31 de diciembre, como por la reivindicación generalizada de mejoras en el servicio de ambulancias. LAB ha comparecido hoy en Gasteiz para profundizar en este tema.

Para hacer una fotografía de cual es la situación de la Red de Transporte Sanitario Urgente (RTSU) en Araba hay que comenzar con el calvario que ha sido para la plantilla de la UTE Larrialdiak Maiz los dos últimos años.

Desde que esta UTE se hiciese cargo del servicio de ambulancias de emergencias en Araba, han sido varios los conflictos colectivos que desde la representación de trabajadoras y trabajadores hemos tenido que judicializar por el continuado incumplimiento de los diferentes convenios de aplicación. En todos ellos se nos ha dado la razón a los sindicatos.

Asimismo, son mas de 150 reclamaciones de cantidades individuales que desde la plantilla se han interpuesto contra la empresa y más de 30 las denuncias por contratación en fraude. También, en la mayoría de los casos de estas demandas individuales se les ha dado la razón a la plantilla.

Hay que decir que muchas de las cantidades que según sentencias se les adeudan a las y los trabajadores se han ido recurriendo a instancias superiores para obstaculizar el cobro de estas.

Asimsimo, está denunciado ante la Inspección de Trabajo la mala fe de la empresa, que, a pesar de que era consciente, porque así lo dictaban las sentencias, de que estaba realizando contratación en fraude, continuó realizando contratos fraudulentos.

La última semana de diciembre nos comunican que la empresa Larrialdiak no va a seguir con el servicio hasta marzo de 2020 (fecha en la que la empresa Grup La Pau comenzará a dar el servicio) y que el Gobierno Vasco de forma urgente va a negociar con varias empresas para que no haya ningún vacío.

La empresa Larrialdiak, además de dejar el servicio, desaparece físicamente de la CAV y a las deudas contraídas con parte de la plantilla en diferentes sentencias judiciales, suma el impago de los finiquitos y la paga extra de diciembre a toda la plantilla.

A lo largo del mes de enero, desde LAB hemos mantenido contactos con el Gobierno Vasco para hablar de la situación en la que queda la plantilla de la RTSU y el propio servicio de ambulancias.

Se nos explica que el Gobierno Vasco tuvo que gestionar de forma urgente la contratación de tres empresas diferentes para poder seguir dando el servicio en Araba y como consecuencia de esa urgencia necesitaban tiempo para poder dar el servicio con la calidad necesaria.

En cuanto a las deudas generadas por Larrialdiak, nos comentan que sus servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de que se hagan efectivos a cuenta de las fianzas depositadas en el Gobierno Vasco por la empresa saliente.

A nuestro entender y pasado ya un mes desde la entrada de las nuevas empresa, son muchos los problemas que se están encontrando la plantilla de la RTSU para hacer su trabajo con garantías. Y ahí es precisamente donde queremos centrar nuestra reivindicación: en la responsabilidad que tiene el Gobierno Vasco para hacer que se cumplan los pliegos y exigir a las empresas que el servicio de ambulancias que pagamos entre todas y todos sea de calidad tanto para las y los profesionales que trabajan en este sector como para toda la población.

También, en este sentido, desde LAB tenemos muy claro que solamente desde la gestión directa de la administración pública de este servicio se puede asegurar el respeto a las condiciones laborales de la plantilla, el buen funcionamiento y la calidad del servicio.

Si hay que remarcar algo positivo, es que con la entrada de las nuevas empresas también comienza la aplicación del primer convenio colectivo de transporte de enfermas y enfermos y accidentadas y accidentados en ambulancias de la CAV y las mejoras, tanto económicas como en derechos laborales, que en el mismo se recogen.
 

 

 

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