Ha quedado demostrado que la desidia de los distintos consejeros, entre ellos, Cristina Uriarte, ha estado alimentando unas prácticas que han deparado el enriquecimiento de las empresas de catering en detrimento de las personas trabajadoras.
Cabe recordar que la mitad del dinero público defraudado, 35 millones de euros, corresponde a la partida de personal, que ha venido sufriendo una salvaje subcontratación y precariedad.
En diez años que ha perdurado el fraude, han sido mínimos los pasos dados para dignificar los colectivos referidos, todo ello facilitado por la inacción y el inexistente control por parte de la Administración del dinero presupuestado en las licitaciones correspondientes.
El sindicato LAB exige:
-Se debe terminar con la externalización de los comedores escolares, recursos fundamentales del sistema educativo.
-El personal subcontratado tiene que comvertirse en personal público.
-Deben atenderse las necesidades de cocina in situ en todos los centros educativos.