Por mucho que insista el Departamento de Derechos Sociales, gestionar los servicios sociales desde una fundación, no es una reversión a lo público. Una auténtica reversión supondría que se gestionara desde el propio Departamento, con personal sujeto al Estatuto de la función pública y que se incardinara en el organigrama y plantilla orgánica del Gobierno de Navarra. Lo demás nos suena a chiringuito. El auténtico control de los servicios se realiza desde el Gobierno, sin intermediarios.
Las fundaciones han sido habitualmente utilizadas por gobiernos e instituciones para crear un espacio de sombra, de ocultación o de fraude ajeno al control de lo público.
Los argumentos que da el Departamento son insuficientes, cuando no directamente ridículos. Afirma que “Se pretende que la Fundación gestione y preste aquellos servicios públicos que por sus características específicas son de complicada gestión, por su especificidad, por la necesaria especialización y formación de las personas profesionales que trabajan en ellos, por la atención durante todas las horas del día y todos los días del año que requieren los servicios, etc”. Con este argumento podrían disolver toda la Administración Foral y dejarla en manos de una Fundación. Justificar la creación de una fundación en base a la “complicada gestión” es ridículo. Mucho más complicada es la gestión de la Salud, la Educación, la Justicia, o cualquier otro servicio que se viene prestando directamente desde la Administración sin necesidad de crear ninguna fundación.
La explicación dada por el Gobierno de Geroa Bai devalúa el trabajo que se viene haciendo desde la Administración porque resulta que ahora no es capaz de asumir “gestiones complicadas” como los horarios, la formación, el calendario o el trabajo específico.
Según las previsiones que maneja el Gobierno, el personal que trabajaría en la nueva fundación, no estaría sujeto a las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras públicas, por lo que, tanto las retribuciones como las condiciones, serían peores.
No hay ninguna justificación para la creación de esa fundación, como no sea el apostar por un modelo que devalúa los servicios públicos y por mantener las privatizaciones, eso sí, camufladas. Desde LAB exigimos que el Gobierno dé marcha atrás a esta propuesta y acometa una verdadera reversión a lo público de este y de otros servicios privatizados.