LAB muestra su disposición a firmar el preacuerdo el próximo 22 de febrero, si la patronal mantiene todos los aspectos de su última propuesta.
Ésta presenta los siguientes contenidos. Su vigencia se extendería hasta el año 2020 incluye, como hemos venido reclamando desde el principio, subidas salariales en clave de IPC (CAV). Un IPC sin letra pequeña.
Para el 2018 la subida salarial sería de un 3%: este porcentaje es el resultado de la suma de los IPCs que nos han dejado los años 2015, 2016 y 2017 (0,3%, 1,6% y 1,1% respectivamente).
Para el año 2019 y 2020 la subida salarial será la que marque el IPC, sin limitaciones. Igualmente, el plus de antigüedad se calcularía sobre las tablas actualizadas, lo que evitará, cómo pretendieron durante mucho tiempo, la pérdida encubierta del poder adquisitivo.
La cláusula de descuelgue blinda a las trabajadoras de una forma más eficaz ante la reforma laboral, es decir, estaremos más protegidas frente a los nuevos mecanismos legales que posibilitaban la inaplicación por parte de las empresas de las condiciones acordadas en el Convenio.
Por último, la ultraactividad se prolongará a 36 meses, frente a los 24 meses que contemplaba el Convenio anterior.
No ha sido una negociación sencilla, se partía de un Convenio cuyas subidas salariales fueron irrisorias (1,8% de subida en 5 años) y, además, desde el 1 de enero del 2017 el Convenio estaba decaído. En este contexto, hemos sufrido amenazas por parte de la patronal, que advertía constantemente con retirar su propuesta de la mesa, por ínfima que ésta fuera.
Las trabajadoras han aguantado presiones por parte de presuntos expertos, que les sugerían olvidarse del IPC y valorar las limitadas ofertas que las empresas hacían.
Pero se mantuvieron firmes. Con los salarios congelados desde el 2014 han resistido y han mostrado voluntad de resistir.