Una vez más ha quedado de manifiesto el mal funcionamiento de Lanbide a la hora de gestionar la Renta de Garantía de Ingresos y la Prestación Complementaria de Vivienda. El último informe del Ararteko no ha hecho más que corroborar las denuncias de personas afectadas, organizaciones sociales y sindicales desde el momento en que el Gobierno de Patxi López decidió que Lanbide asumiera esta tarea: demoras en la tramitación, colas de madrugada en las oficinas, incumplimientos administrativos, falta de personal,… A ello habría que añadir el recorte del 7% en las ayudas y el endurecimiento de las condiciones para limitar el número de posibles personas beneficiarias.
Estos presupuestos, lejos de rectificar, van a ahondar en la desprotección de miles de personas. Mantienen el recorte del 7% en la cuantía de las ayudas, al que hay que añadir la pérdida del 2,9% correspondiente al aumento del coste de la vida. Prevé la utilización de 322 millones de euros para la renta de garantía de ingresos cuando en 2012 fue de 400 millones, y todo indica que el número de solicitudes va a aumentar. Reduce un 10% del gasto en Lanbide con el que difícilmente va a crecer la plantilla y los medios para atender debidamente a quienes peor están. Se anuncia un plan de empleo, con partidas recortadas, cuya única alternativa es dar dinero a las empresas a cambio de empleos precarios y temporales que mantienen a la gente en la pobreza.
El Sindicato LAB denuncia el empeño del Gobierno Vasco por mantener un modelo de prestación de Rentas de Garantías de Ingresos y de empleabilidad basado en el recorte, en el fomento de la precariedad, y en la escasez de medios humanos y materiales. Es urgente un cambio de dirección. Y si de analizar partidas se trata como dice Erkoreka, el dinero del TAV para protección social y empleo de calidad.
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