La decisión del Tribunal Constitucional, obligando al copago farmacéutico de pensionistas, personas desempleadas y perceptoras de Rentas de Garantía de Ingresos es el último ejemplo de la ofensiva de Madrid contra los derechos sociales de quienes vivimos en Euskal Herria.
Hasta ahora, las posturas de los Gobiernos de Gasteiz e Iruñea se han movido entre la aceptación sumisa de las medidas planteadas por el Gobierno del PP y la defensa débil y con carácter provisional de algunas cuestiones con las que se pretendía amortiguar algunos de los recortes, buscando resquicios legales.
Son evidentes las consecuencias de la ofensiva antisocial del Gobierno del PP en las condiciones de vida de la clase trabajadora vasca: la asistencia universal sanitaria cuestionada, el castigo económico a sectores de la población golpeados por el empobrecimiento institucional (pensiones que pierden poder adquisitivo, prestaciones de desempleo más bajas, salarios más bajos,…) para hacer frente a sus necesidades de farmacia, el deterioro de la salud etc.
El Gobierno de Urkullu, más pronto que tarde, va a tener q ue responder a cuestiones cruciales que tiene que ver con los derechos políticos y sociales de nuestro pueblo. En el centro de su acción política, ¿van a estar las personas o las cementeras? ¿va a adelantar el dinero que Madrid no pone para las obras del TAV o lo va a utilizar para asegurar el derecho a la salud y al bienestar de la población vasca? ¿pretende imitar a Yolanda Barcina y convertirse en una sucursal administrativa de los recortes provenientes de Madrid o va a promover iniciativas políticas y acuerdos en favor de la plena capacidad de decisión en materia económica y sociolaboral en nuestro pueblo? ¿Se va a limitar a cumplir con poner recursos en el Constitucional al estilo López, mientras aplica los recortes, o va a dar pasos para conformar un gran planto ante las políticas impuestas desde Madrid?
Euskal Herria, 18 de diciembre de 2012