Esta situación se debe a que el Ayuntamiento de Gasteiz ha descuidado los recursos para hacer frente a las situaciones de emergencia y el parque público de viviendas.
LAB denuncia que, después de años de ERTEs y sacrificios por parte de la plantilla, la empresa vuelve a plantear que sean los trabajadores y trabajadoras quienes paguen las consecuencias de sus problemas de actividad. El sindicato se pregunta si el verdadero interés de la operación impulsada por Dámaso Quintana y respaldada por el Gobierno Vasco era garantizar el empleo y el futuro industrial de Vicinay o si, por el contrario, los terrenos de la empresa tenían un papel prioritario.
El sindicato ha comparecido en el Puerto de Bilbao, donde los ataques contra la libertad sindical en este sector están siendo una constante. La empresa ha despedido a tres delegados de LAB y sancionado a otras muchas personas trabajadoras, además de utilizar chantajes y amenazas.
