La sentencia declara probado que las condiciones de compra de la sociedad en junio de 2008 a través de una operación consistente en transmisión de activos y de créditos, desde la multinacional de nacionalida OUTOKUMPU COOPER TUBES a la compradora LEAF BUSINESS HOLDING, supuso de facto dejar sin liquidez a la empresa, situándola en una situación de insolvencia.
La entrada en concurso de la sociedad adquiriente constituyó por tanto parte de una operación deliberada de liquidación, como ya denunciara el sindicato LAB ante la inspección de trabajo y que supuso que la empresa fuera sancionada por "cierre patronal" se constatara un "comportamiento deliberadamente dirigido a provocar una situación de crisis".
Por tanto, la compraventa se hizo sin visos de continuidad empresarial y en condiciones que acarreaban una insolvencia inminente, tras abonar la deuda que la planta de Zaratamo supuestamente habría generado a lo largo de décadas con la antigua matriz finlandesa, de tal forma que la vendedora liquidaba una deuda que en caso de haberse declarado en concurso habría resultado muy difícil o imposible de cobrar.
Los administradores declarados culpables, antiguos directivos de la empresa, son Javier Valdes Valbuena y Alfonso Ortega, que en caso de que la resolución deviniera firme deberían hacer frente con su propio patrimonio a la mitad de las deudas que no se cubrieran mediante la venta de activos de la empresa cuyo proceso de liquidación ha dejado una deuda millonaria.
PARA QUE NO VUELVA A REPETIRSE ES NECESARIO UN CAMBIO DE RUMBO EN LA POLÍTICA ECONÓMICA DE LAS INSTITUCIONES
De esta manera se abre la posibilidad de que los acreedores de LEAF BUSINESS HOLDING (antigua OUTOKUMPU), entre ellos los propios trabajadores, puedan cobrar parte de la deuda derivada de su cierre.
Sin dejar de compartir con la plantilla el relativo alivio de poder cobrar lo adeudado, desde el sindicato LAB debemos recordar que han debido pasar 4 años hasta la llegada de esta sentencia. Para entonces una empresa con casi un siglo de existencia ha visto como se cerraban sus puertas definitivamente con la consiguiente destrucción de empleo ante la pasiva mirada de autoridades y responsables políticos.
De nuevo una sentencia de un tribunal vuelve a dar la razón a unos trabajadores a los que los poderes públicos han abandonado a los pies de los caballos de un capital cada vez mas avaricioso. Algo que no deja de repetirse, tal y como lo demuestra la situación de los trabajadores de INCOESA que se enfrentan a la última fase del periodo concursal sin que la Diputación de Bizkaia ni el Gobierno Vasco hayan movido un dedo para evitar la deslocalización de esta empresa.
Por eso el sindicato LAB hace un llamamiento a secundar las movilizaciones que para el próximo 28 de noviembre van a convocarse en todas las comarcas de Euskal Herria en reivindicación de un nuevo modelo de relaciones laborales para nuestro pueblo y en defensa del empleo y la negociación colectiva.
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