Recientemente hemos conocido la sentencia del juicio contra 18 personas que formaban un piquete informativo en Gernika. ELA, LAB, ESK, STEE-EILAS, EHNE e HIRU han valorado esta sentencia y el proceso judicial que han padecido estas personas a lo largo de dos años. Advierten que este proceso no debería haber comenzado nunca y denuncian que es un intento de criminalizar un derecho fundamental.
«Primeramente, queremos felicitar a estas 18 personas, al haber concluido, de la mejor manera posible para sus intereses, este proceso judicial. De hecho, todos y todas han obtenido la absolución. Aún así, aún habiendo concluido así, este proceso no debiera haberse iniciado ni producido nunca.
Al mismo tiempo, queremos mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas que han ayudado y apoyado a estas 18 personas durante estos dos años. Agradecer a estas 18 personas por la coherencia, compromiso y firmeza mostrada durante todo este tiempo. Asimismo, agradecer a los primeros por la solidaridad mostrada en todo momento.
Los y las firmantes de esta declaración, hemos indicado en más de una ocasión que el poder económico y político no admite ninguna disidencia. Así, para acallar cualquier opinión, forma de pensar o de respuesta que no esté de acuerdo con sus planteamientos, ponen en marcha toda su maquinaria mediática, política y judicial. El único objetivo de dicha maquinaria es el fortalecimiento de su imposición y el castigo a toda persona y la desaparición de las organizaciones que aportan otro tipo de planteamiento o alternativas.
Durante la huelga general realizada el 27 de enero de 2011 en Hego Euskal Herria contra la reforma de las pensiones, se dió comienzo a este proceso, injustificable y absurdo, en contra de estas 18 personas. Primeramente, intervino la policía autonómica. La retención e identificación de estas personas se produjo cuando estaban ejerciendo un derecho fundamental, puesto que el derecho a la huelga y junto a ello, el derecho a la información, es un derecho básico.
Así pues, mediante una desmedida actuación policial se dio comienzo a un intento de criminalización de dicho derecho básico. Pero este intento de criminalización no se limita al proceso contra estas 18 personas; por el contrario, detrás de todo ello se esconde una iniciativa mucho mas grave y dura. Detrás de este proceso se esconde un intento de criminalización de todas las personas, que en este contexto socio-económico, nos enfrentamos a las imposiciones y que reivindicamos y hacemos públicas otras alternativas.
Este intento de criminalización y de querer infundir miedo a la clase trabajadora, mientras el poder político y económico hace y deshace a su antojo, tiene el objetivo de que no se produzca ningún movimiento ni la mínima protesta. Últimamente se multiplican los intentos de criminalizar y judicializar la lucha de la clase trabajadora. Esto es una muestra más de la impotencia del poder y hacemos un llamamiento a todos y todas las trabajadoras ante este intento represivo para que continúen luchando con firmeza, puesto que el no cejar en la lucha es la única manera de que el poder no continúe avanzando en su imposición.
En el mismo juicio quedó patente que las imputaciones y procedimientos judiciales incautados durante estos dos años no tenían ninguna base jurídica y que esta farsa escondía unos objetivos políticos concretos: como anteriormente hemos cindicado, el castigo de la disidencia.
Queremos terminar felicitando y agradeciendo nuevamente, a todos estos amigos y amigas, las muestras de apoyo mostradas. Sabemos que mientras duren estos ataques, nos volveremos a encontrar en las calles. Ni la maquinaria que quieren utilizar ni todas sus amenazas han servido, ni servirán, para alejar a la clase trabajadora de la defensa de sus derechos y de la lucha contra las imposiciones.
Euskal Herria, 23 de enero de 2013»
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