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Por un sistema de protección social, público y de calidad contra la pobreza y la exclusión social

Hoy, 17 de octubre de 2018, con motivo del Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria ha elaborado un comunicado.

Hoy los niveles de exclusión social y pobreza en Hego Euskal Herria son más que preocupantes. Las políticas públicas de corte neoliberal, las reformas, la crisis económica, el aumento progresivo de la precariedad laboral, los recortes, etc. han provocado que cada vez sean más los sectores de la población con insuficientes recursos económicos para hacer frente a niveles mínimos de bienestar (disponibilidad económica, vivienda, energía, alimentación, desarrollo infantil, ocio y cultura).

El mercado laboral actual es cada vez más precario y desigual: este sistema empobrece y no garantiza unos recursos económicos suficientes. Cada vez es mayor la cantidad de trabajadoras y trabajadores pobres, que no llegan a fin de mes, que son víctimas de la pobreza no visible, como la energética, farmacéutica, o la pobreza infantil. Todas estas variables son diferentes caras de la misma moneda; el modelo actual no hace más que repartir pobreza entre la población mientras unos pocos se llevan la mayor parte del pastel.

La discriminación se perpetúa aún más en el caso de las mujeres en un mercado laboral segregado profesionalmente y que impide la necesaria autonomía económica que permita desarrollar un proyecto de vida independiente.

Asimismo, la situación de la juventud está muy lejos de lo deseable. Las personas jóvenes tienen totalmente limitado el derecho a un empleo que les garantice una vida que merezca la pena ser vivida, sufren elevadísimas tasas de desempleo y precariedad. En su caso, crearse un proyecto de futuro resulta del todo imposible. Han convertido la emancipación de las personas jóvenes en un sueño irrealizable.

Siendo cierto que existen unas normas mínimas que persiguen garantizar unos mínimos de protección social, actualmente resultan insuficientes. Ante esta insuficiencia, desde la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria estamos llevando a cabo una iniciativa legislativa popular (ILP), porque la prioridad de las instituciones y de las políticas públicas deben ser las personas, no los bancos, ni las grandes empresas, ni los especuladores. Los objetivos de dicha Iniciativa:

• Un modelo económico y social alternativo al neoliberal, que ponga en el centro la defensa de la vida y del planeta por encima de los intereses de una minoría, la preeminencia del trabajo (considerarlo en toda su amplitud, productivo y reproductivo) respecto al capital y las personas respecto al mercado.

• La elaboración de políticas públicas efectivas y reales de reparto equitativo de la riqueza, mediante una política fiscal justa, creación de empleo de calidad y generar políticas de reducción y reparto del tiempo de trabajo.

• Defendemos la necesidad de que las decisiones sobre políticas sociales y laborales se adopten en nuestro ámbito territorial, avanzando en un Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social.

• Adopción de medidas que vayan encaminadas a garantizar y mejorar los derechos sociales para atajar la pobreza y la exclusión social. Por ello, en la ILP presentada planteamos la necesidad de modificar la Ley 18/2008 para la Garantía de Ingresos y la Ley 3/2005 de Vivienda para incluir las siguientes medidas:

• Bajar la edad exigida para acceder a la RGI de 23 a 18 años. También para las personas menores de 18 en situación de necesidad especial.

• Bajar la exigencia de empadronamiento de 3 a 1 año.

• Reconocimiento de todas y cada una de las unidades de convivencia en un mismo hogar.

• Derecho a la RGI para cada una de las unidades de convivencia sin limitar su numero por residir en un mismo hogar.

• Incremento de la cuantía de la RGI que sirva también para complementar la bajas pensiones, y los bajos salarios tomando como referencia el SMI:

– 100 % del salario mínimo interprofesional para las unidades de convivencia unipersonales.
– 150% del salario mínimo interprofesional para las unidades de convivencia de dos personas.
– 200 % del salario mínimo interprofesional para las unidades de convivencia de tres o más personas.

• Hacer de las AES un derecho subjetivo para que su concesión no dependa de las posibilidades presupuestarias, sino de las necesidades a las que debe responder.

• Garantizar el derecho efectivo a una vivienda en alquiler sin que pueda sustituirse por un subsidio económico. La renta no podrá superar el 15% de los ingresos, cuando el conjunto de los ingresos de las personas que conviven en la vivienda, sea igual o inferior a la RGI.

Por todas estas razones y porque tenemos alternativas a las vidas precarias que quiere imponernos el capital, en este Día Mundial para la Erradicación de la Pobreza, animamos a trabajadoras y trabajadores, pensionistas, jóvenes, mujeres, personas migrantes, refugiadas, estudiantes… !a luchar por un sistema vasco de Protección Social, Público y de Calidad!

 

 

 

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