Un nuevo 28 de abril, Día Internacional de la Seguridad y Salud Laboral, llama a nuestra puerta, y la salud de los trabajadores y trabajadoras no sólo no ha mejorado en Euskal Herria, sino que se va deteriorando. 
Los accidentes de trabajo se cuentan por miles y son un mal enquistado en el medio laboral. El ligero descenso estadístico, se debe más a la acción de la coyuntura económica sobre el empleo (despidos, expedientes de regulación de empleo, readecuaciones sectoriales en el mundo laboral) que porque se hayan tomado medidas reales y eficaces. En relación a las enfermedades profesionales, debemos seguir denunciando la escandalosa infradeclaración existente. Si tomamos como referencia el conjunto de la Unión Europea los datos son esclarecedores, por cada muerte en accidente laboral se producen 18 muertes derivadas de enfermedades profesionales. Sin embargo, en Euskal Herria ese parámetro es inverso.

Pero este 28 de abril se produce en el contexto de la nueva reforma laboral, brutal agresión a los derechos de la clase trabajadora, que supondrá una nueva vuelta de tuerca en el deterioro de la salud de trabajadores y trabajadoras. La nueva reforma laboral recoge principalmente:

1. Medidas que facilitan el despido y generalizan la precariedad y el miedo al poder empresarial absoluto. Todas estas medidas, y en especial el impacto de la pérdida de empleo afectan directa y gravemente a la salud de quien lo padece, pero produce también un empeoramiento en las condiciones de trabajo y de salud de las personas que se quedan en las empresas. Entre las personas que pierden su empleo, aparecen, de manera rápida y directa síntomas de ansiedad, depresión, insomnio, alteraciones nerviosas y un aumento de la prescripción de psicofármacos. El menor poder adquisitivo fomenta hábitos alimentarios poco saludables, aumento de problemas del aparato digestivo y de adicciones, irritabilidad, problemas de piel y circulatorios que pueden acarrear enfermedades cardiovasculares e infartos de miocardio y hasta un aumento demostrado de los suicidios. El temor a perder el empleo, provoca igualmente fuertes perjuicios para la salud física y psíquica (estrés, inseguridad personal y trastornos adaptativos, aumento de trastornos músculo-esqueléticos, etc…). Éstos son daños que, teniendo que ver con el trabajo, no se reconocen como daños de origen laboral.

2. Nuevas medidas para controlar el absentismo que se materializan en posibilidad de despido por causas objetivas de faltas al trabajo aún estando justificadas (bajas laborales de no más de 20 días), de un 20% en dos meses consecutivos o de un 25% en cuatro meses alternos, que va a suponer la reducción del número de bajas pero no de enfermedades. Se generalizará el “presentismo” (acudir al trabajo estando enfermo o enferma). El hecho de que vayamos a trabajar sin estar en condiciones de hacerlo, conlleva la disminución de la salud y la capacidad de trabajo. Es posible que aumenten los accidentes y lesiones músculo-esqueléticas debido a trabajar con las capacidades físicas disminuidas, y la transmisión de enfermedades infectocontagiosas al ir a trabajar enfermos o enfermas.

3. En 6 meses se dotará a las mutuas de nuevas capacidades “para una gestión más eficaz de la incapacidad temporal”. Más competencias en relación con la baja y el alta en contingencias comunes, y teniendo en cuenta que ya pueden controlarlas desde el principio del proceso, es muy posible que regulen la capacidad de dar altas en procesos de baja de origen común. Esto, sumado a la posibilidad de despido ante bajas de corta duración, aumentará las consecuencias de la presión, el miedo, los despidos y sus efectos en la salud.

En torno a las mutuas, debemos recordar las malas prácticas de las mismas en relación con las contingencias profesionales, negando el origen laboral del daño, dando altas tempranas, ocultando accidentes con baja, enfermedades profesionales, etc.

Debido a que la inmensa mayoría de las personas dependemos del trabajo para nuestra supervivencia, está claro que las consecuencias de la reforma (inestabilidad, inseguridad, mayor desprotección, temor al despido, cambio de las condiciones de empleo y trabajo, flexibilidad, contratación más precaria, flexibilidad, etc.) y la actual tasa de desempleo, tienen una incidencia directa en la salud y en la salud laboral de la clase trabajadora, un peaje a pagar en forma de sufrimiento, enfermedad y muerte.

Todas estas situaciones repercutirán en toda la clase trabajadora y afectarán antes y en mayor medida a las personas en situación más precaria en el mercado laboral, como mujeres, jóvenes, personas paradas de larga duración, inmigrantes…

Como consecuencia de toda esta situación de vulnerabilidad entre trabajadores y trabajadoras, de control de sus procesos de baja y de miedo, aumentarán los daños a la salud por el empeoramiento de las condiciones laborales y la menor aplicación de medidas preventivas en las empresas. Sin embargo, es posible que, en la práctica, observemos descensos en las estadísticas oficiales de siniestralidad laboral, debido principalmente al miedo a perder el empleo y al papel de las empresas, el INSS y las mutuas patronales.

Este 28 de abril, por tanto, denunciamos que el grave recorte de los derechos laborales y sociales que está sufriendo la clase trabajadora supone, asimismo, una ofensiva contra su seguridad y salud, e implica retroceder en nuestra calidad de vida y de salud, situación que nos parece totalmente inaceptable.

Debemos presionar para que las empresas no apliquen las reformas que desde Madrid imponen y para contrarrestar los efectos de dichas reformas, en caso de que pretendan aplicarlas. Por ello, LAB impulsará iniciativas dirigidas a impedir la aplicación de las medidas que atacan a nuestra salud recogidas en la reforma, especialmente a imposibilitar o restringir las competencias de las mutuas y el despido por absentismo.

Así mismo, es cada vez más necesario construir un Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social, ya que ésa es la única manera de protegernos de todas estas agresiones: decidir y construir aquí cuáles son las normas que rigen nuestras relaciones laborales; libres de imposiciones; con un empleo saludable, de calidad y seguro; con un sistema público de protección y de prevención que tenga como prioridad la salud de las personas; libre de mutuas patronales. En definitiva un modelo público, universal, participativo y de calidad, donde nuestra salud no dependa de criterios mercantilistas.

Y esto en Euskal Herria lo podemos hacer. Porque tenemos una situación económica y social distinta a la del estado español, pero lo que es más importante, porque desde nuestra situación política, sindical y social tenemos la oportunidad de construir un modelo propio y la fuerza suficiente para hacerlo. ¡Y lo vamos a hacer!

En Euskal Herria, 23 de abril de 2012