Lo ocurrido en el barco Beti Aingeru no fue un “motín”, sino una reivindicación legítima de derechos por parte de los arrantzales ante un nuevo caso de explotación laboral y racismo en el sector pesquero.
El sector primario es históricamente fundamental en Euskal Herria. Sin embargo, tanto las personas trabajadoras de la tierra como las de la mar siguen enfrentando condiciones laborales precarias y discriminatorias: jornadas abusivas, salarios que no corresponden con el tiempo trabajado, exposición a condiciones climáticas adversas con graves consecuencias para la salud laboral, y modalidades de contratación temporal que dejan una excesiva “flexibilidad” a la patronal, utilizada con frecuencia como mecanismo de chantaje y amenaza.
El sector de la pesca de bajura carece de un convenio colectivo propio que regule las condiciones laborales. En los últimos años, la patronal ha normalizado la prolongación del tiempo de estancia en el mar, en perjuicio de los días de descanso. Tampoco existe un seguimiento efectivo de las condiciones en las que se encuentran los arrantzales, a menudo amenazados y expuestos a vulneraciones de derechos por parte de algunos armadores.
Todo esto no es casualidad. Se trata de un sector precarizado y altamente racializado. Hoy, la pesca vasca se sostiene en gran medida gracias al trabajo de arrantzales de origen senegalés. Existen condiciones estructurales que benefician a la patronal a costa de la explotación de estos trabajadores, a quienes se les niega información sobre sus derechos y se desalienta su organización sindical. Las empresas se lucran del desconocimiento, el miedo y la fragmentación que se produce entre una temporada y otra.
Lo sucedido en el barco Beti Aingeru no fue un motín, y así lo confirma el propio informe de la Guardia Civil, que en ningún momento recoge tal calificación. Este relato, difundido intencionadamente desde algunos medios de comunicación, favorece los intereses de la patronal y alimenta imaginarios racistas y estigmatizantes hacia las personas trabajadoras.
Los trabajadores del Beti Aingeru únicamente reivindicaron sus derechos. Estuvieron 37 días seguidos en el mar sin volver a sus casas, y tras un descanso mínimo de dos días, volvieron a embarcar durante otros 26 días consecutivos, una práctica nada habitual en los barcos de bajura. Además, sufrieron amenazas, insultos y agresiones físicas (como el lanzamiento de objetos) por parte del armador.
Todo ello tiene un nombre: explotación y racismo laboral. Desde LAB, lo denunciamos con firmeza y exigimos que se respeten de inmediato todos los derechos de estos pescadores.
Animamos a todos los arrantzales a denunciar este tipo de situaciones. Desde LAB, estamos convencidos de que solo mediante la organización y la lucha colectiva podremos frenar la vulneración de derechos y el racismo que persisten en el sector pesquero.
Asimismo, exigimos a la administración pública que no se convierta en cómplice, que ejerza un control efectivo sobre el cumplimiento de los derechos laborales en el mar y que sancione a los armadores que los vulneren.
NO A LA EXPLOTACIÓN Y AL RACISMO LABORAL.
NI EN LA PESCA NI EN NINGÚN LUGAR.