2024-03-05
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Los recortes del Gobierno del PP en materia de dependencia suponen en la práctica la liquidación de la misma Ley y la eliminación del derecho a la atención de las personas dependientes

Los recortes del Gobierno del PP en materia de dependencia suponen en la práctica la liquidación de la Ley, la eliminación del derecho a la atención de las personas dependientes y el intento de arrastrar a las Diputaciones y Gobierno de Navarra en la senda del castigo contra la población. Su objetivo es bien claro: ofrecer a un número cada vez menor de personas, menos servicios y en peores condiciones.
Menos personas impidiendo la incorporación de dependientes moderados hasta el 2015, alargando hasta dos años el plazo para poder recibir prestaciones económicas y manipulando el baremo para controlar y reducir a conveniencia el número de personas beneficiarias. Menos servicios reduciendo la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio e impidiendo la compatibilidad de servicios. Y en peores condiciones aumentando el copago y reduciendo las cuantías económicas de las prestaciones.

Esta es la alternativa a la que el PP nos quiere condenar: o ir, quien pueda pagarla, a una residencia privada o vuelta al hogar, aumentando la presión sobre las mujeres para que se dediquen a los cuidados de las personas dependientes. Privatización o asistencialismo familiar.

Frente a este panorama, las instituciones de Euskal Herria no pueden mirar a otro lado, y aún menos pueden realizar su labor basándose en una Ley estatal contraria a las necesidades de quienes vivimos aquí. Y no pueden mirar cuando los datos están ahí:

1. Desde enero de 2011, el número de personas dependientes reconocidas no ha dejado de disminuir, en especial las relacionadas con las grandes dependientes (1.500 menos en Nafarroa y 4.500 en la Comunidad Autónoma Vasca). No se está cumpliendo la tasa de reposición.

2. Se está produciendo una tendencia a la baja en la prestación de servicios. Así, el Servicio de Ayuda a Domicilio en el último año ha atendido un 20% menos de personas (especialmente en Bizkaia y Araba). Igualmente se están produciendo descensos en el acceso a Centros de Día y Residencias., y en la Teleasistencia gestionada por el Gobierno Vasco.

3. En cuanto a las prestaciones económicas, han adquirido mucho protagonisto debido- a la falta de servicios, falta de adecuación de éstos a las necesidades de las personas y el alto coste por la utilización de los servicios.
 

El desarrollo de la Ley en Euskal Herria ha puesto en evidencia sus debilidades: confusión entre derechos de las personas dependientes y las de sus familiares, la mercantilización de la dependencia, la débil financiación, la ausencia de un modelo integral. Y estas debilidades están siendo compartidas:

1. Por un Gobierno de Navarra fiel cumplidor de todos los recortes por haber.
2. Por el Gobierno de Gasteiz que vende humo con su modelo Euskadi que nadie ha visto en ningún lugar pero, del que sí conocemos su incapacidad para apoyar planes de inversión y creación de infraestructura de servicios y empleos públicos o para promover la cualificación y el reconocimiento de las trabajadoras de la Dependencia.
3. Por todos aquellos partidos que en su gestión:
 
• no han puesto en duda los efectos perniciosos de la privatización de residencias, centros de día y servicios de ayuda a domicilio. Han convertido la colaboración público-privada en un medio para frenar la creación de una red potente de servicios públicos y una excusa para utilizar el dinero público como medio de beneficio empresarial a costa de la calidad y las condiciones de las trabajadoras.
• no plantean modelos de financiación que vayan superando el copago por fórmulas fiscales más justas, solidarias y redistributivas
 
Nos encontramos en un momento de gran peligro para los derechos de las personas dependientes a recibir atención. La Ley de Dependencia estatal no consolida derechos, no garantiza prestaciones, genera inseguridad permanente, refuerza el modelo patriarcal a la hora de proveer los cuidados y niega nuestra capacidad de organización. Pero al mismo tiempo, tenemos unas leyes de Servicios Sociales en Nafarroa y Comunidad Autónoma Vasca tremendamente débiles: no son garantistas en sus carteras de servicios, están expuestas a la privatización, aplican un copago injusto y no cuentan con financiación consolidada.

Por todo ello, LAB, con urgencia, hace un doble llamamiento:

1. A la sociedad para que defienda el derecho social a la atención a la dependencia y se movilice a favor de conformar un Sistema de Protección Público Vasco.

2. Que las instituciones de Hego Euskal Herria, Gobiernos de Gasteiz y Nafarroa y Diputaciones Forales desobedezcan las directrices de Madrid, y que adopten decisiones políticas y económicas para concretar el derecho a la atención a la dependencia en nuestro pueblo. Más allá de la Ley de Dependencia y las actuales Leyes de Servicios Sociales, las instituciones:
 

1. Tienen que atender, sin exclusión, a todas las personas en situación de dependencia, sean moderada, severa o gran dependiente.

2. Tienen que apoyarse en el refuerzo y ampliación de centros y servicios de carácter público, que crean empleo, y que promueven la igualdad de género y de oportunidades. En especial, es preciso mejorar la Teleasistencia, ampliar la red de centros de día, aumentar la intensidad de los Servicios de Ayuda a Domicilio y avanzar en el carácter público, tanto en titularidad como en gestión, de los centros y servicios.

3. Tiene que aprobar partidas presupuestarias consolidadas, que no pongan en duda las garantías del sistema para atender a las personas dependientes, en base a políticas fiscales que permitan superar el copago injusto.
 

4. Tiene que actuar de manera descentralizada, donde de manera coordinada interdepartamental e interinstitucional se dé el máximo de respuestas desde lo local o la comarca.

5. Que cuente con plantillas suficientes, en condiciones laborales y salariales dignas que permitan ofrecer servicios con intensidad y calidad.

Euskal Herria, 23 de julio de 2012

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