Una de cada cinco trabajadoras y trabajadores tiene un salario por debajo de los 1.500 euros en Hego Euskal Herria, y en los últimos 15 años 3 puntos el peso de los salarios en el Producto Interior Bruto. Por ello, el 17 de marzo, las y los trabajadores vascos “hablarán claro”, según Garbiñe Aranburu.
Con la colaboración del profesorado del Departamento de Economía y Gestión de EHU, la fundación Ipar Hegoa ha estudiado las consecuencias que tiene para los y las trabajadoras el hecho de no disponer de un salario mínimo propio en Hego Euskal Herria, y las conclusiones son esclarecedoras: una de cada cinco trabajadoras y trabajadores tiene un salario inferior a los 1.500 euros. La muestra del estudio han sido trabajadores y trabajadoras del régimen general de la Seguridad Social y del régimen especial de las trabajadoras del hogar.
El responsable de la fundación Ipar Hegoa, Jagoba Zulueta, ha detallado las conclusiones del estudio. Ha explicado que la negativa a establecer un Salario Mínimo Interprofesional propio perjudica directamente a miles y miles de trabajadores y trabajadoras de Hego Euskal Herria, y de forma indirecta a todas las trabajadoras y trabajadores. De hecho, el hecho de que el suelo salarial esté situado en 1.184 euros en lugar de 1.500 (un 21,07% por debajo) afecta al conjunto de los y las trabajadoras, ya que se distorsiona y devalúa toda la estructura salarial.
El análisis muestra que en Hego Euskal Herria los salarios han perdido peso respecto al PIB. De hecho, Zulueta ha explicado que en el Estado español el SMI ha subido en los últimos años, pero que, sin embargo, esto no tiene impacto en la situación socioeconómica de Hego Euskal Herria. En concreto, en los últimos 15 años el peso de los salarios ha caído 3 puntos en el PIB de Hego Euskal Herria. En cambio, se aprecia una tendencia al alza en las naciones que tienen estructuras de estado en la Unión Europea. El estudio concluye que la falta de estructuras de estado o de un salario mínimo propio supone, por tanto, la pérdida de peso de los salarios.
Zulueta ha precisado que, entre las y los trabajadores que trabajan por debajo de los 1.500 euros, dos de cada tres (66,91%) son mujeres*, mientras que entre el total de mujeres* empleadas son más de un tercio las que están por debajo de ese mínimo. Asimismo, el análisis muestra las malas condiciones que sufren las y los trabajadores migrantes: de los 239.535 trabajadores y trabajadoras que reciben menos de 1.500 euros, 118.999 han nacido fuera de Hego Euskal Herria, es decir, una o uno de cada dos. También se ha referido a la juventud. En el caso de las y los menores de 30 años, una cuarta parte de la muestra analizada (25,84%) está por debajo de los 1.500 euros de salario: 61.896 personas.
También han analizado la diferencia entre el salario que reciben quienes trabajan por debajo de los 1.500 euros y el que recibirían con un SMI propio. Zulueta ha sido claro: “El dinero no es un problema. Los beneficios de las empresas suben, y suben más de lo que han subido los salarios de los y las trabajadoras”. Tomando como referencia los salarios de diciembre de 2024, observan que esta cantidad sería de 461 millones de euros, que es lo que dejan de ganar estas y estos trabajadores en sus salarios anuales por no tener un sueldo de 1.500 euros. La conclusión es clara, como recuerda Zulueta: los empleadores, empresarios privados y administración pública han añadido 461 millones de euros a sus beneficios. O lo que es lo mismo: han obtenido una plusvalía añadida de 461 millones de euros de las y los trabajadores más vulnerables en Hego Euskal Herria.
Por lo tanto, los salarios inferiores a 1.500 euros no están ajustados a la situación socioeconómica, el nivel de vida y los precios de Hego Euskal Herria, y las y los trabajadores están perdiendo poder adquisitivo.
La centralización supone precarización
La coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, se ha fijado en las relaciones laborales de los últimos años y ha explicado que la regulación en el Estado español tiene «un afán centralizador de las relaciones laborales, sobre todo, como consecuencia de las últimas reformas laborales». Esto supone, según ella, «una uniformización a la baja y una precarización salarial y de las condiciones laborales».
Por ello, ha recordado que la capacidad de establecer un SMI propio es «estratégica» para tener salarios acordes a su realidad socioeconómica y sindical, así como «para hacer más equitativo el reparto de la riqueza y hacer frente al proceso de precarización y empobrecimiento de las y los trabajadores». Por ello, ha recordado que la mayoría sindical vasca ha puesto en marcha iniciativas, «todas viables y complementarias», para conseguir un salario mínimo propio. Sin embargo, ha explicado que como hasta ahora se les han cerrado todas las posibilidades, la mayoría sindical ha llamado a la huelga general el 17 de marzo.
En cualquier caso, Aranburu ha destacado que hay posibilidades de abrir las puertas que se han cerrado. Por un lado, en la CAV y en Nafarroa, se puede negociar con la patronal un Acuerdo Marco de Materia Concreta para establecer un salario mínimo para las relaciones laborales en la CAV y Nafarroa. «Eso es lo que deducimos de la sentencia de la demanda que interpusimos contra Confebask», ha señalado la representante de LAB. «Tenemos enfrente a una patronal explotadora y arrogante a la que tarde o temprano obligaremos a sentarse en una mesa de negociación», ha añadido.
En segundo lugar, ha señalado que para conseguir las competencias para establecer un SMI propio, se pueden realizar proposiciones de ley en los parlamentos. Aranburu ha destacado que PNV y PSE-PSN quieren negar el debate, «han demostrado una actitud antidemocrática», ha precisado, pero ha añadido que otros grupos pueden llevar proposiciones de ley a los parlamentos. «En Nafarroa ya la han registrado EH Bildu y Geroa Bai y en la CAV esta opción está sobre la mesa», ha recordado.
En tercer lugar, se puede modificar el Estatuto de los Trabajadores. Así, se ha referido al viaje a Madrid con los sindicatos de Catalunya y Galicia. De este modo, ha mencionado las reuniones mantenidas con el PSOE, Sumar, Podemos y los partidos de cada nación y ha señalado que los sindicatos han llevado a la misma una propuesta muy concreta para modificar el artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores y dar cobertura legal a la posibilidad de un SMI propio. «Hay posibilidades abiertas de que más de un grupo político tome la iniciativa y lleve el debate al Congreso de los Diputados español», ha destacado.
Porque existe la posibilidad, ha subrayado la importancia de que «las y los trabajadores vascos hablen claro», recordando que el 17 tendrán la oportunidad para ello: «para salir a la huelga, reforzar las movilizaciones y expresar que quieren un salario mínimo propio, para dejar claro que queremos mejorar todos los salarios».
Por último, la coordinadora general ha señalado que el salario mínimo también es una medida para combatir las brechas machistas que genera la división sexual del trabajo, por lo que ha avanzado que, en el contexto del 22 de febrero, Día Internacional contra la Brecha Salarial, LAB sacará a la calle la necesidad de un salario mínimo propio. El 20 de febrero el sindicato llevará a cabo dos movilizaciones, en Bilbao y en Iruñea.