Lamentablemente, no hay nada que celebrar y mucho que reivindicar, junto a quienes son víctimas de la discriminación y vulneración de derechosbásicos.
El Capitalismo está mostrando su rostro más cruel. Quienes han sido tratados como pura mano de obra barata, en estos momentos de crisis del sistema económico-financiero dejan de servir como tal para ser convertidos en chivos expiatorios de todos los males que el propio sistema ha producido.
Por ello, y valiéndose de su posición más vulnerable, los y las trabajadores migrantes son los primeros en ser expulsados y desposeídos de derechos sociales básicos: protección social, vivienda, pensiones, vivienda o educación. El endurecimiento de la renta básica en Nafarroa y CAV son un ejemplo de ello: dejar a miles de personas migrantes sin protección.
Desde el stablishment europeo, hasta las instituciones de vascongadas y Nafarroa, se espolea y vacía de contenido social y laboral un amplio colectivo que sobrevive a duras penas, ya hoy, en este duro contexto socio-económico. Un colectivo al que una vez más, en nombre de la seguridad le son aplicados marcos legales propios donde la discriminación y la no igualdad en el trato son el "pan nuestro de cada día".
Es la misma estrategia que regala recursos públicos para mejorar la cuenta de resultados de los bancos y reduce el sistema público de pensiones, garantía de ingresos,… para poder cuadrar las cuentas. Estrategia, que, en el camino hacia la desregularización del mercado laboral, en ese objetivo del laissez faire, va creando, va modelando, un ejército de mano obra esclavizada, que erosiona, colisiona y fragmenta aún más, el mercado de trabajo.
Por todo ello, desde el sindicato LAB exigimos la derogación de este sistema normativo que criminaliza los flujos migratorios; derogación de leyes que tratan a la inmigración como una cuestión de orden público y no como un derecho de las personas a decidir el lugar donde llevar a cabo su proyecto de vida. Hacemos un llamamiento a todos y todas las trabajadoras para hacer frente a esta situación y a las leyes impuestas que lo posibilitan en una Euskal Herria a la que se niega capacidad en materia de ciudadanía y nacionalidad.
Euskal Herria, 16 de diciembre de 2011