2026-07-31
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LAB denuncia que PNV y PSE han aprobado una ley a medida de la patronal inmobiliaria

La ley de medidas urgentes de vivienda, aprobada hoy por los dos partidos que integran el Gobierno Vasco, no incluirá ni una sola medida para proteger a la clase trabajadora y frenar la subida constante de los precios. En opinión de LAB, en lugar de abrir la posibilidad de multiplicar los beneficios a las constructoras, hay que fomentar el alquiler público, barato y permanente.

Vivimos una crisis de vivienda que está empobreciendo a cada vez más sectores de de la clase trabajadora. Al diagnóstico defendido por LAB se suman los informes realizados desde diferentes ámbitos y que han sido noticia en las últimas semanas, como las de las fundaciones Foessa y Cáritas, Zedarriak y el propio Sociómetro que recoge las principales preocupaciones de la población. El precio de la vivienda es el factor básico que acentúa esta crisis. Tanto los precios de compra como los de alquiler siguen creciendo y el esfuerzo económico de la gente trabajadora es cada vez mayor, y más entre las personas migradas, mujeres y jóvenes.

LAB denuncia firmemente la ley de medidas urgentes de PNV y PSE. De hecho, dicen que hay que tomar medidas estructurales de urgencia, pero con el rumbo adoptado profundizarán en la misma política de vivienda que nos ha traído hasta este punto: todas la medidas responden a que constructores, promotores y, en definitiva, quienes hacen negocio con la vivienda puedan aumentar sus beneficios.

En Etxebide hay casi 100.000 personas inscritas y la inmensa mayoría tiene como prioridad el alquiler público. El parque público protegido que no alcanza las 30.000 viviendas es totalmente insuficiente (aunque añadamos las 17.000 que gestiona Alokabide). A las 7.000 nuevas viviendas anunciadas para los próximos años hay que restarle las cerca de 5.000 que perderán protección a las y pasarán al mercado privado (anteriores a la ley de 2003).

Una situación a la que el departamento de Denis Itxaso quiere dar salida construyendo más y más rápido, aunque para ello tenga que reducir el número legal de casas de protección pública de las promociones y flexibilizar los impactos naturales. Quieren vender que el problema es entre demanda y oferta y que hay que garantizar a los promotores y constructores una mayor rentabilidad para que la oferta sea mayor —es decir, hacer más negocios con un derecho básico—. Poco dicen, por no decir nada, de la presión fiscal para movilizar viviendas vacías, de los pisos turísticos secuestrados para hacer negocio, de los alquileres de temporada o de las iniciativas para multiplicar la capacidad de compra preferente de la administración.

Mientras, las diputaciones de Bizkaia y Araba, gobernadas por ambos partidos, siguen sin publicar el índice de precios para establecer criterios para zonas tensionadas, lo que permitiría empezar a limitar la subida de precios. Y eso no es lo peor. La realidad es que no han propuesto ninguna medida para bajar los precios. Actualmente nadie cuestiona la necesidad de intervenir en el mercado, la cuestión es para qué y en beneficio de quién.

Lo que hay que fomentar es el alquiler público, barato y sostenible. Para ello, en lugar de abrir oportunidades a los constructores para multiplicar sus beneficios, lo que realmente urge es una normativa para ampliar el parque de viviendas que son baratas y con las que será imposible especular. Para que las viviendas sean para vivir y no para hacer negocio. Eso es tomar medidas a favor de la clase trabajadora en plena situación de crisis. Pero, una vez más, PNV y PSE han tomado la decisión de aliarse con la patronal. Por enésima vez.

LAB quiere denunciar que el paquete de medidas presentado hoy nos son conocidas y se basan en un modelo fracasado. Asimismo, hace un llamamiento a la organización y a la lucha. El sindicato llama a dignificar las condiciones mediante la acción sindical conjunta a quienes corran el riesgo de renovar el alquiler y multiplicar el precio o desahuciar, a los vecinos que pierdan la calificación de casa protegida y pasen al mercado privado y, en general, a las personas trabajadoras que sufran las consecuencias del negocio de la vivienda.

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