LAB quiere denunciar públicamente la deriva que está tomando el conflicto en Tubos Reunidos. Mientras la empresa continúa adelante con su plan de destrucción de empleo, cierre de la acería y externalización de la logística, las instituciones no solo no están actuando, sino que además están reforzando el relato de la dirección.
En los últimos días hemos asistido a declaraciones y movimientos profundamente preocupantes. Por un lado, el Gobierno Vasco plantea la posibilidad de perdonar deuda pública a la empresa; por otro, se nos pide a los sindicatos que renunciemos a nuestro derecho legítimo a acudir a los tribunales. Desde LAB lo decimos con claridad: esto es inaceptable.
Mientras la empresa ejecuta un ERE, mantiene decisiones estructurales de enorme impacto y continúa con despidos —incluidos eventuales sin ninguna voluntariedad—, las instituciones hablan de “diálogo”. Pero nos preguntamos: ¿qué diálogo?, ¿el que plantea la empresa?, ¿el que se basa en aceptar su plan sin cuestionarlo? La realidad es otra.
Hace dos semanas, LAB, junto con otros sindicatos, solicitó reuniones al Departamento de Industria, al Departamento de Empleo y a la Diputación Foral de Araba. A día de hoy, únicamente el Departamento de Trabajo ha accedido a reunirse, y lo ha hecho tras varios días de espera, mientras que el resto de instituciones siguen sin dar respuesta. ¿Este es el compromiso con el empleo y el futuro industrial del que hablan?
Al mismo tiempo, se nos acusa de falta de diálogo e incluso de impedir la participación de la plantilla. Desde LAB queremos ser muy claros: la participación no puede convertirse en una herramienta para desactivar el conflicto mientras no haya cambiado nada de fondo.
La empresa mantiene intacto su planteamiento: no ha retirado medidas, no ha abierto una negociación real y sigue adelante con los despidos. En este contexto, plantear determinados debates sin abordar lo esencial solo genera confusión y favorece a quien quiere imponer su plan.
Resulta aún más grave que se ignore deliberadamente la existencia de una propuesta de la parte social. Una propuesta que pone el diálogo en el centro, pero un diálogo real: con transparencia, sin chantajes y con alternativas sobre la mesa. Sin embargo, ninguna institución ha mostrado el más mínimo interés en analizarla o impulsarla. Ese es el verdadero problema.
Por todo ello, LAB quiere anunciar que procederá a la impugnación judicial del ERE. Lo hacemos porque consideramos que no existen causas que justifiquen las medidas planteadas, porque el proceso ha estado marcado por la falta de transparencia y porque no se puede permitir que decisiones de esta magnitud se impongan sin una negociación real.
Lo hacemos también porque defender los derechos de la plantilla no es generar incertidumbre, sino ejercer una responsabilidad. La incertidumbre la genera una dirección que no da explicaciones, que presiona a la plantilla y que sigue adelante con un plan que destruye empleo y futuro industrial.
Por último, desde LAB exigimos a las instituciones que dejen de mirar hacia otro lado y abandonen una posición que, en la práctica, está alineada con los intereses de la empresa. Les pedimos el mismo nivel de exigencia que están mostrando hacia la parte social, pero dirigido a quien realmente tiene capacidad de decisión: la dirección de Tubos Reunidos.
Porque lo que está en juego no es solo un ERE. Está en juego el empleo, el futuro industrial y la dignidad de toda una plantilla y de una comarca.