2026-02-01
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La eliminación del impuesto extraordinario a las energéticas supondrá que Hego Euskal Herria disponga de 93 millones menos para la inversión pública

Las grandes empresas energéticas están teniendo beneficios históricos, y en lugar de tomar medidas para redistribuir la riqueza, el PNV trabaja para cumplir lo pedido por Josu Jon Imaz de forma descarada. Para LAB es fundamental que el impuesto a las energéticas pase a ser permanente.

El PNV se ha apresurado a dar a conocer esta noticia, y aunque alude a “factores externos”, las declaraciones recientes de Pradales u Ortuzar dejan clara la posición del partido. En efecto, una posición coincidente y subordinada a Iberdrola o Petronor (puestas giratorias del PNV). El PNV se rinde una vez más a Ignacio Sánchez Galán y Josu Jon Imaz.

También hemos tenido noticia del acuerdo para que las Haciendas Forales de Navarra y la CAPV recauden y regulen los impuestos a las multinacionales y la banca, así como del aún desconocido acuerdo entre PNV y PSE en relación a la fiscalidad. PNV y PSE actúan con prisa y sin dar a conocer el contenido del acuerdo, pero atendiendo a las posiciones mantenidas desde la pandemia a ahora aquí, queda en evidencia la posición mantenida por los gobiernos de PNV y PSE; tanto cuando han reclamado competencias como en las políticas desarrolladas han actuado a favor de que las energéticas, la banca, las multinacionales y las rentas del capital paguen menos. LAB reivindica decidir aquí, sí, pero para decidir en favor de la clase trabajadora e implementar una fiscalidad justa y progresiva.

El debate fiscal está abierto en Hego Euskal Herria. La fiscalidad es una herramienta fundamental para un reparto justo de la riqueza, pero para eso hay que gravar a los ricos y a las rentas del capital. Hoy, somos la clase trabajadora quienes vía rentas del trabajo realizamos la mayor aportación a la recaudación fiscal. Como desde el sindicato analizamos en la publicación Ikusmiran 15, la fiscalidad actual está hecha a medida de la patronal. Y para poder impulsar los servicios públicos –en ámbitos como sanidad, educación, cuidados o vivienda– y garantizar el liderazgo público necesario para afrontar la transición ecosocial necesitamos cambios profundos en el sistema fiscal: una reforma fiscal que incremente la progresividad para que paguen los ricos. Proponemos tres medidas principales: en el IRPF, un tipo único para las rentas de capital y trabajo y la elevación del tipo máximo al 60%; en el Impuesto de Sociedades, supresión de todas las deducciones e incentivos fiscales y establecimiento de un tipo nominal del 35%; y un recargo a las rentas de capital de entre el 1 y el 10%.

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