Recientemente se ha conocido el pronunciamiento del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) sobre la política del Gobierno francés de reintroducción de los controles internos en frontera. Desde Bruselas, mediante un fallo, se deja sin margen legal prácticas habituales que se desarrollan en la muga del Bidasoa como las prohibiciones de paso fronterizo y las devoluciones en caliente.
Hay que decir que la iniciativa del TJEU no surge de la nada, responde a denuncias y campañas realizadas por diversas entidades y colectivos; que ya en julio de este año lograron la prohibición del uso de drones en la muga.
Desde enero de 2021, tras el periódo excepcional de pandemia y saltándose el Tratado Shengen y el principio comunitario de libre circulación de personas, el Gobierno de París se ha atribuido la potestad de cerrar a su gusto la frontera del Bidasoa. Suman ya dos años y medio del cierre de esta frontera; que se ha ido renovando cada seis meses según diferentes criterios arbitrarios y poco transparentes. Dentro de poco, en octubre de 2023, el cierre de la muga vuelve a caducar. Estaremos atentas a ver qué dicen desde París.
Desde el sindicato LAB, acompañamos estas denuncias participando activamente en diferentes acciones e iniciativas, rechazamos la politica de la muerte en la frontera impuesta del Bidasoa (y en todas las fronteras), denunciamos la impunidad de los gobiernos y exigimos derechos y oportunidades dignas para todas las personas tanto las que se encuentran en tránsito como para las que decidan permanecer en Euskal Herria.
Atajar la amenaza de la migración militarizando, criminalizando y vulnerando derechos fundamentales en las fronteras es una política habitual de los estados francés y español. No vamos permitir que esto siga sucendiendo. Son demasiadas las vidas que se ha cobrado esta frontera impuesta de la muerte.