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Más de 120 familias en régimen de alquiler están en riesgo de ser expulsadas de sus viviendas a raíz de que el fondo buitre Mosaic las haya comprado con el objetivo de hacer negocio a costa de personas que han construido su vida en ellas durante largos años.

La anulación del decreto para la normalización del uso del euskera en el sector público evidencia la necesidad de una arquitectura jurídica que sitúe en el mismo nivel al euskera y al castellano. Desde LAB exigimos al Gobierno Vasco que haga frente a las amenazas que llegan de los tribunales y ponga en marcha el proceso para elaborar un nuevo decreto que responda a las necesidades de la euskaldunización.

Desde el sindicato LAB trasladamos una propuesta formal a la mesa tras más de dos años de parálisis sectorial y reclamamos la subrogación del personal privatizado en la ANADP.