LAB se ha movilizado hoy ante la sede de la Diputación Foral de Bizkaia en Bilbo para reivindicar que el cuidado a la dependencia es un derecho y no un negocio.
En 2017 el sindicato LAB comenzó una campaña sobre los ratios de personal en los servicios sociales. Durante esa campaña se consiguieron más de 14.000 firmas. Estuvimos en la Comisión de Participación de la Ciudadanía del Parlamento Vasco explicando cuál es la realidad del día a día en una residencia bizkaina y el Gobierno Vasco adoptó el compromiso de revisar y adaptar los ratios de personal en los servicios sociales a la realidad laboral y asistencial.
Tras la firma del convenio de residencias de la tercera edad de Bizkaia, constatamos que en mayo de 2019, por un lado, la disminución de las horas marcada en convenio no ha supuesto un aumento de personal en las residencias de Bizkaia y por otro lado, que el Gobierno Vasco sigue manteniendo vigente una ley de ratios insuficiente tanto para el cuidado que se ofrece en las residencias como también al nivel de tareas exigidas a las trabajadoras del sector.
Esta ratio exigida en los centros residenciales de Bizkaia es el origen de la falta de salud de las trabajadores y trabajadoras del sector, de una calidad asistencial insuficiente para los y las usuarias, de la precarización de las condiciones laborales de la plantilla y de que las empresas gestoras de las residencias saquen beneficios económicos de la falta de personal en sus residencias.
La necesidad de personal en las residencias es evidente y a pesar de que es innegable, hay una tasa muy alta de eventualidad y parcialidad en las jornadas.
Es un empleo altamente feminizado y el tipo de contratación, las jornadas, las tareas a desarrollar, la falta de garantía en la salud laboral, la falta de descanso, la falta de personal mantienen al sector en una situación de precariedad insostenible.
La Diputación de Bizkaia, que es la titular de los centros residenciales, ha privatizado la gestión de los centros residenciales. A día de hoy más 80% de las residencias son de gestión privada y a pesar de la alto coste económico que supone para los y las usuarias el acceso a las mismas, se evidencia el empeoramiento de la calidad del servicio y una disminución enorme en la salud laboral de la plantilla con la privatización del servicio. Contrariamente a esta disminución en la calidad asistencial y en la falta de salud laboral, las empresas gestoras del servicio sacan beneficios económicos de esta situación. El dinero público se trasforma en beneficio empresarial.
Desde LAB queremos decir alto y claro que no aceptamos la conversión del cuidado que ofrecemos en un negocio para algunos. Ante lo cual exigimos:
1.- Que se publifique el servicio, convirtiéndolo en un servicio que sea adecuado, universal y gratuito evitando así que el dinero público revierta únicamente en beneficios empresariales y limitando los beneficios empresariales durante la transición a la conversión de un servicio público de calidad.
2.- Garantizar una ley de ratio adecuada a la importancia del trabajo que se realiza en las residencias, protegiendo y garantizando la salud de la plantilla del sector. Par lo cual es esencial contar con la participación de las trabajadoras del sector, especialmente del colectivo de gerocultoras, mayoritario en el sector