El Gobierno del PP está rompiendo todas las marcas en el empeño por acabar con los derechos sociales y degradar la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. La última prueba la tenemos con el anuncio de conceder el permiso de residencia a través del mercado inmobiliario.

Una vez más queda de manifiesto la forma en que el Estado español entiende la migración y los derechos de las personas migrantes. Cuando necesita mano de obra barata y sin derechos, abre las puertas haciendo la vista gorda. Cuando practica recortes sociales, convierte a sectores migrantes en culpables de la crisis. Cuando se trata de acceder a rentas de ingresos para poder sobrevivir, se alargan los plazos de empadronamiento. Cuando se trata de proteger el derecho a la vivienda, los desahucios es su respuesta o los alquileres abusivos. Cuando se trata de acceder a la salud, le pone precio: 710 euros. Y ahora para conseguir el permiso de residencia 160.000 euros.

Se pone así de manifiesto el carácter utilitarista, usar y tirar, de las políticas del PP. Políticas que, tanto en el Estado como en Euskal Herria, se dirigen contra los trabajadores y trabajadoras, jóvenes, personas paradas, precarias, pensionistas,… y utilizan el lugar de nacimiento como un elemento añadido para propiciar su expulsión o negar el acceso a la sanidad, a la vivienda y a las prestaciones sociales de sectores migrantes. Las mismas políticas que pretenden también condenar a miles de jóvenes a abandonar nuestro pueblo, porque se les niega el derecho al trabajo.

A este nueva medida para salvar su mercado inmobiliario, hay que unir los acontecimientos de los últimos días. La negación del derecho a la vivienda y la política pro-desahucios, que está afectando a miles de personas que vivimos en Euskal Herria, muchas de ellas migrantes, están poniendo de manifiesto la voluntad del poder financiero y político del Estado español para finiquitar los derechos sociales. Frente a la realidad de quienes cada día pierden su vivienda o viven bajo la amenaza constante de perderla, el Gobierno y la Banca van de la mano. El Gobierno aprobando unas medidas con las que maquillar su nula intención de resolver el problema, y la Banca presionando para que la Ley Hipotecaria no se altere bajo advertencia de endurecer los créditos hipotecarios. Pura extorsión.

Desde el Sindicato LAB hacemos un llamamiento al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de a cambiar de raíz este sistema de vivienda podrido. No podemos permitir que las viviendas de quienes son desahuciados en Euskal Herria, sea cual sea su procedencia, se conviertan en objeto de especuladores y banqueros, sea cual sea la procedencia de éstos. Hagamos un frente común de todos quienes vivimos en Euskal Herria, para lograr que las instituciones vascas opten por el camino del derecho a la vivienda efectivo, y no del negocio.

Euskal Herria, 20 de noviembre