Entre las tareas pendientes que tenemos en Euskal Herria, una de ellas es la necesidad de configurar, desde bases propias, un derecho real y efectivo a la atención de las personas con dependencia, que tienen limitada su autonomía personal y necesitan apoyo en su vida diaria.
Actualmente, y en el marco de la Ley estatal de la Dependencia, 51.670 personas están recibiendo en Euskal Herria algún tipo de prestación. Desde sus comienzos, la aplicación de esta ley ha mostrado una serie de carencias (la apuesta por las prestaciones económicas frente a los servicios, retrasos en reconocimiento de prestaciones,…) que se han visto agravadas por las políticas de recortes que han puesto a la Ley de la Dependencia en la senda de convertirse en un nuevo fraude social. Primero fue la no dotación de financiación suficiente, posteriormente se decretó la eliminación de la retroactividad a la hora de exigir las prestaciones, lo que se convirtió en la excusa perfecta para retrasar sin contrapartida alguna los plazos de valoración y resolución de las solicitudes. Y, desde el pasado diciembre, asistimos a un nuevo ataque por parte del Gobierno de Rajoy: la decisión de congelar durante un año la incorporación y la financiación de nuevas personas beneficiarias que presenten una dependencia moderada, tal y como estaba establecida en el calendario de aplicación de la ley (2011-2012).

En estos momentos casi 12.000 personas han sido reconocidas como dependientes moderadas, nivel 2, en Euskal Herria durante el 2011. La medida de Rajoy crea incertidumbre y resulta absolutamente discriminatoria hacia centenares de personas que en el 2012 pudieran solicitar y ver reconocida igualmente su situación de dependencia moderada. Se trata de personas que ven peligrar su derecho a servicios tales como el de teleasistencia, centros de día o ayuda domiciliaria. A todas ellas el Estado Español les va a negar su ayuda.

Por todo ello, considerando el modo y las consecuencias de la aplicación de la Ley de Dependencia, así como el nuevo ataque al derecho de las personas en situación de dependencia en Euskal Herria, el sindicato LAB emplaza con urgencia a las distintas instituciones de Euskal Herria a:

• Que no se le niegue a ninguna persona dependiente el derecho a la atención que le corresponde, adoptando las decisiones políticas y económicas, para habilitar recursos y partidas presupuestarias suficientes y ampliables que posibiliten la concreción del derecho a la atención a la dependencia. En este sentido, hacemos un llamamiento a desobedecer la moratoria que el Gobierno del PP quiere aplicar a las personas con nivel de dependencia moderada. Frente a quienes quieren castigar una vez más a las personas más vulnerables exigimos:

a) Que se asegure a las personas reconocidas como dependientes moderadas nivel 2 en 2011 la atención en función de los derechos reconocidos.

b) Que las personas que soliciten valoración y sean reconocidas como dependientes moderadas nivel 2 durante 2012, puedan tener acceso a las prestaciones más adecuadas a su situación, sin ningún tipo de retraso en los plazos y en la intensidad de los servicios.

c) Que las personas moderadas nivel 1 comiencen a recibir las prestaciones correspondientes en 2013, tal y como lo establecía el calendario acordado, y no un año más tarde, tal y como pretende el PP.

En Euskal Herria, a 23 de enero de 2012