Diez años llevaba pendiente la liquidación definitiva del Cupo que la Comunidad Autónoma Vasca paga al Estado español por las competencias no transferidas. Sin embargo, esta demora no se debe a un bloqueo motivado por la propia dificultad de las negociaciones, sino al retraso deliberado que los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP han forzado.
Esta maniobra dilatoria forma parte de una estrategia sistemática empleada por el gobierno central, que por otra parte nunca se ha caracterizado precisamente por ser buen cumplidor; al contrario, se resiste a respetar lo pactado de manera obstinada.
En concreto y respecto a la negociación del Cupo, esta artimaña permite al ejecutivo del Estado tener un “as” guardo en la manga, y finalmente sólo se aviene a negociar cuando necesita apoyos en el Congreso para superar los inconvenientes que supone gobernar sin una mayoría parlamentaria suficiente, como hoy es el caso.
Con el acuerdo alcanzado se cierran las discrepancias surgidas entre Lakua y Madrid en torno al cálculo del Cupo durante el periodo 2007-2016, y el gobierno español se compromete a devolver a las instituciones vascas 1.400 millones de euros que habría recibido de más, a pesar de que el gobierno autonómico cuantificaba estas diferencias en 1.600 millones.
Pero esto no impedirá que los erkorekas, los azpiazus y los esteban de turno se presenten a si mismos como los “conseguidores”, después de haber firmado un pacto en tiempo récord presionados por los ritmos del tramite parlamentario para aprobar los presupuestos.