El mes de febrero se cerró en Hego Euskal Herria con un total de 219.944 personas en paro, es decir, 1.649 menos que el mes anterior. Sin embargo, el número de demandantes de empleo no sólo se mantiene sino que ha aumentado en 110 personas con respecto a enero.

Esta paradójica evolución es consecuencia directa del endurecimiento de las condiciones de precariedad laboral, motivada sobre todo por la extensión del empleo inestable, a tiempo parcial y con salarios bajos. Se trata de una opción indeseada, pero aceptada como último recurso ante la imposibilidad de encontrar algo mejor.

De hecho, hoy en las oficinas públicas de empleo hay cerca de 22.000 demandantes más que hace un año, pero no aparecen en las cifras oficiales de paro registrado por estar ocupadas y a la vez solicitar un empleo mejor o compatible con el actual. En el último año el colectivo que se encuentra en esta situación ha crecido más de un 62%, lo que constituye un claro síntoma del elevado grado de descontento e insatisfacción con la calidad del empleo creado.

Además, al empeoramiento de las condiciones laborales de los nuevos trabajos hay que añadir la erosión del sistema de protección por desempleo, ya que en la actualidad hay 122.529 personas en paro que no cobran ningún tipo de prestación, es decir, el 55,3% del total. Y la cuantía media de la prestación contributiva ha caído un 3% respecto al año pasado.

Sin duda, la clase trabajadora está pagado un alto precio por culpa de la crisis y por el recorte de derechos impuesto bajo el chantaje del paro. El reparto de los sacrificios no ha sido equitativo; y ahora que se anuncia una progresiva recuperación económica, el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras, y en especial las capas sociales más desfavorecidas, deben participar de los beneficios que proporcione la nueva coyuntura.

Pero la creación de empleo estable, el establecimiento de salarios dignos, y la disminución de las desigualdades no vendrán como resultado espontáneo de las fuerzas del mercado, sino que en todo caso serán consecuencia de políticas públicas alternativas y radicalmente diferentes a las que han provocado el actual desastre social.

Sin embargo, las organizaciones patronales y el gobierno del PP insisten en extender la precariedad e impulsar un modelo de competitividad basado en reducción salarial, rebaja de las cotizaciones, y despido fácil y barato. En definitiva, una estrategia competitiva que conduce a más desigualdad y empobrecimiento, y además está abocada al fracaso económico.