El Departamento de Trabajo y Justicia del Gobierno Vasco, en el concurso público para licitar el servicio de mediación intrajudicial (ahora denominado servicio de justicia restaurativa), publicado en el 2018, incumpliendo la normativa laboral y el propio Convenio Colectivo de Intervención Social de Araba, no recogió la subrogación del personal que viene prestando el servicio.

Las Comisiones Paritarias del Convenio Colectivo de Intervención Social de Bizkaia, Araba y Gipuzkoa, identificando este grave incumplimiento por parte de la Administración, comunicaron al propio Departamento el hecho y solicitaron la inclusión expresa para que el personal que presta el servicio fuera subrogado por la empresa adjudicataria.

Ya en marzo la Consejera del Departamento de Trabajo y Justicia, María Jesús San José López, con una maniobra escapista e irresponsable, argumentaba que el servicio había sido modificado, que la actividad no era propia del ámbito funcional del Convenio de Intervención Social, y que no existía obligación de introducir ninguna cláusula que garantizase la estabilidad del empleo y los Derechos laborales de los y las trabajadoras que prestan dicho servicio.

De hecho, las trabajadoras y trabajadores de este servicio fueron despedidos el 28 de agosto, con una notificación mediante correo electrónico.

A su vez, la empresa saliente del servicio interpuso una denuncia penal en la fiscalía, por posible prevaricación en la concesión de servicio. Esta investigación que ha tardado siete meses en resolverse, ha sido cerrada al considerarse que no había pruebas suficientes.

Tras aplazar en el último momento los juicios previstos para diciembre, finalmente en febrero del año 2019 se llevaron a cabo los juicios por lo despidos de las trabajadoras de este servicio. Y finalmente, estos fueron resueltos dejando claro que el cambio en el nombre del servicio no implica en absoluto un cambio del mismo, y que por lo tanto, los despidos se declaran improcedentes; por lo que queda en manos de la Empresa adjudicataria (IRSE EUSKADI) readmitir a la plantilla u opta por la indemnización. Ante lo cual, la empresa ha optado por la indemnización y recurrir la sentencia, para lo cual ha tenido que depositar ya la suma de las indemnizaciones, alrededor de 132.000 euros, quedando ahora a la espera de la resolución del Tribunal Superior de Justicia.

Los Sindicatos LAB, ELA, CCOO, ESK y UGT nuevamente queremos denunciar públicamente el modelo de privatización de los servicios públicos y las consecuencias que tiene, el incumplimiento del convenio colectivo de aplicación por parte del Gobierno Vasco, la vulneración de los derechos laborales de las personas trabajadoras que ello implica, el abandono por parte de este gobierno respecto a los y las trabajadoras y la desfachatez con la que está actuando, con argumentos sin fundamento e incumpliendo la normativa laboral y el propio convenio colectivo.