Con la presentación de unos presupuestos neoliberales tras negarse a debatir sobre el salario mínimo y la pensión, Pradales ha hecho suya la línea de Urkullu, tanto en forma como en fondo.
El 6 de noviembre LAB se movilizará en las cuatro capitales para reivindicar una mayor inversión para ir construyendo un sistema público de cuidados.
El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, y el responsable de Acción Social, Endika Pérez, han comparecido hoy para hacer una valoración de los presupuestos de la CAV presentados esta semana. Pérez ha denunciado el fraude que subyace en los titulares de los presupuestos de esta semana: “Como es habitual, el gobierno ha puesto de relieve los incrementos que hay respecto a los presupuestos del año anterior, pero esta comparación es fraudulenta, ya que, a medida que el IPC sube cada año, es lógico que los presupuestos también suban. Lo que sí quieren ocultar es que el Gobierno ha renunciado a la reforma fiscal, que se ha endeudado en 1.000 millones y que aprovechará ese dinero, principalmente, para la industria armamentística y para beneficiar a la patronal”.
El responsable de Acción Social ha señalado que el gobierno de Pradales aprovechará la oportunidad abierta por Madrid mediante decreto ley para dotar económicamente mediante Euskadi Eraldatuz un plan industrial diseñado sin la participación de los sindicatos y a medida de la patronal. “Este endeudamiento de 1.000 millones se ha materializado tras negarse a elevar la presión fiscal a las rentas de capital. El próximo año tendremos que pagar intereses mediante el actual sistema de recaudación injusto, y, además, no se destina ni un solo céntimo a políticas sociales. Todo va en beneficio de un plan industrial que considera el contexto bélico una oportunidad, lejos de proteger a los trabajadores para garantizar la rentabilidad de las empresas ”.
Pérez desgrana así lo que hay detrás de los titulares que han subrayado un incremento del 53% en inversiones en sanidad y educación.
En sanidad se han anunciado 210,2 millones de euros más (un total de 5.321,7 millones). Sin embargo, estos 210,2 millones no se destinarán a dimensionar la plantilla, fortalecer Osakidetza, a la cartera de servicios o a estructurar la red de salud mental. Se trata de una financiación para seguir profundizando en la colaboración público-privada para externalizar los trabajos que el departamento dedicado a la sanidad puede realizar con personal propio. En este sentido, hay que recordar que, hasta el momento, el sindicato LAB ha paralizado el paso de 303 millones de euros a manos privadas. Así las cosas, se mantiene la cifra destinada a la sanidad respecto al PIB, que se sitúa en el 5,04% sobre el PIB, cuando el gasto medio de los últimos años de la Unión Europea (2019, dato previo a la pandemia) es superior al 9,9% sobre el PIB.
En cuanto a la educación, se ha concretado un incremento del 5,44% (195,3 millones más; en total, 3.789,1). De esos 195,3 millones, 80 millones han sido consecuencia de las movilizaciones y huelgas de las y los trabajadores, ya que se destinarán a las medidas recogidas en los convenios laborales de la enseñanza pública que ha firmado LAB. En educación también se mantiene la cifra destinada al PIB. Representa el 3,59% sobre el PIB, cuando en los últimos años el gasto medio de la Unión Europea ha sido superior al 6,6% sobre el PIB.
El titular, sin embargo, ha sido el consejero de Hacienda, Noel D ‘Anjou, quien, ocultando el referido endeudamiento, se ha referido a las partidas que más han subido; vivienda, universidades y seguridad. Se señala que se ha apostado por el conocimiento y el tejido universitario, pero esta inversión no llega al 1% del PIB que fija la ley. Este mismo miércoles, el rectorado de EHU ha denunciado que solo recibirá la mitad del presupuesto que necesitan, lo que cerrará la puerta a la dignificación de las condiciones laborales de las y los trabajadores.
Ante la situación de incertidumbre creada por el contexto económico, son las prestaciones sociales y el fortalecimiento de los servicios públicos los que dan seguridad a las y los ciudadanos para poder llevar vidas habitables. Sin embargo, aunque se haya querido vender lo contrario, en estos presupuestos no se ha invertido nada en la seguridad de los ciudadanos. La partida de esta última baja en 12,5 millones de euros y la de la Renta de Garantía de Ingresos sube sólamente un 2,5%. Hay que recordar que este Gobierno defendió el modelo de la RGI para complementar las pensiones mínimas y cerró la puerta con ese argumento a la iniciativa legislativa popular promovida por el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria con 145.000 firmas. Pues bien, con estos presupuestos este año tampoco se complementará la pensión mínima a los pensionistas de la CAV hasta el salario mínimo, y se mantendrá la brecha de género actualmente vigente.
La última reflexión de Pérez ha girado en torno a la mayor partida presentada por el Gobierno, la del departamento de Vivienda y Urbanismo que lidera Denis Itxaso. La cantidad destinada a la política de vivienda ascenderá a 442 millones. Pérez ha destacado que la vivienda se ha convertido en la principal causa de empobrecimiento y precarización de amplios sectores de la clase trabajadora y ha denunciado que, si se está dificultando el acceso a la vivienda, es porque no se pone freno al negocio de la vivienda a través de políticas públcias, y, al contrario, se promueve.
Según el Observatorio Vasco de la Vivienda, hay 103.000 personas inscritas en Etxebide, y el propio consejero Itxaso ha señalado que sólo se ayuda al 60%; a la inmensa mayoría mediante prestaciones, y a la minoría mediante viviendas protegidas. En este proyecto presupuestario, sin embargo, con las partidas económicas concedidas a Visesa y Alokabide, además de las que ya están en marcha, se construirán menos de 800 nuevas viviendas protegidas. Ahora que PNV y PSE han hecho una apuesta importante por la construcción, llegan a eso con los presupuestos: 800 viviendas. Eso sí, esta colaboración público-privada cuenta con beneficiarios, ya que se ofrece a los constructores la posibilidad de recibir una subvención de 50.000 euros por vivienda, y, además, dichas viviendas se comercializarán a un precio superior a la media a través del denominado alquiler asequible. En Gasteiz, por ejemplo, este tipo de viviendas se alquilarán a un precio de 889 euros, cuando el precio medio en la capital es de 739 euros.
Es evidente que hay que ampliar el parque público de viviendas y que eso no se puede conseguir a través de un nuevo ciclo de construcción. “Llevamos meses denunciando que la política de vivienda de PNV y PSE depende de la patronal inmobiliaria y se ha diseñado para seguir haciendo negocio con la vivienda, y el proyecto presupuestario no hace más que corroborarlo”, ha señalado el portavoz de Acción Social.
Arroyo ha denunciado que los presupuestos presentados son unos presupuestos a la medida de Confebask: “Confebask tiene tres demandas principales, y con las decisiones de Pradales de las últimas semanas (tras negarse a debatir sobre el salario mínimo y las pensiones) se ha plegado a tres: uno, los bajos impuestos para las y los empresarios; dos, los bajos salarios para las y los trabajadores; y tres, destinar el dinero público a hacer negocio, ya sea utilizando principalmente el endeudamiento que se pagará con las rentas de las y los trabajadores para garantizar la rentabilidad de las empresas o a través de la privatización de los servicios públicos, para que las empresas sigan haciendo negocio a costa de Osakidetza o de los cuidados”.
Arroyo ha señalado que los presupuestos navarros también están hechos a la medida de la CEN: “En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas hay una mayor progresividad en comparación con la CAV, pero se mantiene el privilegio fiscal de las y los empresarios y de las rentas altas. Por otro lado, a pesar de la publificación de algunos servicios, el último en el transporte sanitario, no existe una apuesta estratégica para el desarrollo de los servicios públicos ”.
De vuelta a la CAV, Arroyo ha afirmado que la operación Pradales es un fraude: “Ha querido escenificar la distancia con el gobierno de Urkullu, pero al final ha tomado la misma línea, tanto en la forma como en el fondo. En cuanto a la forma, el Gobierno Vasco ha rechazado debatir sobre el salario mínimo y la pensión, rechazando dos iniciativas legislativas populares que contaban con el apoyo de casi 300.000 personas; en la Mesa de Salud se han rechazado las peticiones de publificación de los sindicatos; y en los presupuestos no se han tenido en cuenta las demandas sociales de los últimos meses. En cuanto al fondo, Pradales ha mantenido políticas neoliberales, tanto en política presupuestaria como en ámbitos como la sanidad o el cuidado”.
Precisamente para exigir que se atiendan las reivindicaciones de lass trabajadoras del ámbito de los cuidados, LAB ha organizado movilizaciones para el 6 de noviembre en las cuatro capitales, bajo el lema ¡Las trabajadores de cuidados privatizados somos trabajadoras públicas!.
Peticiones prioritarias para LAB de cara a los presupuestos de la CAV:
- Partida de 310 millones de euros destinada a complementar la pensión mínima hasta el salario mínimo.
- Crear una partida para que todo el personal dependiente del Gobierno, directo o subcontratado, en plena dinámica de encarecimiento de la vida, perciba un salario mínimo de 1600 euros (tanto celadores como auxiliares administrativos entre el personal de los servicios de Osakidetza, más del 70% del total de trabajadores de los Centros Especiales de Empleo como Katea Legaia, Gureak Lanean, Lantegi Batuak, Ilunion Lavanderia Euskalduna o Centro de Ayuda Especial del Gobierno).
- Partida económica destinada a la creación de una unidad específica de inspección y control público para el seguimiento de la contratación de empleadas y empleados de hogar, registro de jornada y control de medidas de salud laboral.
- Partida económica para el primer convenio laboral del sector de trabajadoras y trabajadores de los Centros Especiales de Empleo.
- Partida económica para la publificación del servicio de teleasistencia.
- Financiación para la unificación y mejora de los ratios de personal subcontratado en los servicios de cuidados acogidos a la ley de servicios sociales.
- Financiación para el fortalecimiento del sistema sanitario público, orientado a la atención primaria y a la publificación y no a la privatización. Además, financiación para medidas excepcionales de estabilización para reducir la temporalidad, creación de 7000 puestos de trabajo estructurales ocultos y estabilización de personal, dimensionamiento de plantilla, reducción de ratios médico-enfermeras y ampliación de la cartera de servicios con recursos públicos y propios.
- Financiación de los recursos adicionales para reforzar el servicio de salud mental desde la pública y estructurar y publificar la Red de Salud Mental.
- Partida económica necesaria para el plan y servicio de publificación de ambulancias.
- Incremento de la inversión para hacer de la escuela pública y del Consorcio Público Haurreskolak el eje del sistema educativo. Se requiere una inversión de impacto en infraestructuras y una financiación suficiente para el cumplimiento y desarrollo de los convenios laborales: para el cumplimiento de los ratios de personal de servicios, para la implantación de nuevos puestos y medidas derivados de los criterios de asignación de plantillas en las haurreskolas y en la educación especial; y para la creación de nuevos puestos de trabajo que puedan derivarse de la compensación por el descenso de la hora lectiva en el colectivo de docentes.
- Financiación correspondiente a este año para equiparar los salarios de las y los trabajadores de las ikastolas y de la iniciativa social con los de las y los empleados públicos para el año 2027.
- Partida económica para la realización de planes de publificación (comedor, limpieza y transporte) en los sectores subcontratadas en educación.