Este hecho no hace más que confirmar la verdadera apuesta del departamento para con la salud de los trabajadores y trabajadoras del Departamento de Educación del Gobierno de Urkullu. Tal y como hemos denunciado en muchas ocasiones, la situación de los riesgos psicosociales viene siendo un tema de gran preocupación para un colectivo de trabajadores y trabajadoras de 27.000 personas, que en su mayoría aún no tienen realizada la evaluación de riesgos psicosociales.
LAB ha denunciado la falta de recursos para su realización, 1 técnico de psicosociales para 27.000 de plantilla, repartidos en cientos de centros educativos y con una dispersión geográfica a lo largo y ancho de toda la CAPV.
En este grupo de personas, muchas son docentes eventuales con unas situaciones de precariedad (falta de recursos, de tiempos, de las necesidades especiales del alumnado, etc.) que en no pocos casos se deben desplazar a kilómetros de sus casas para realizar contratos de jornadas reducidas y así poder ir puntuando.
Otros, como en el colectivo de cocina y limpieza, donde la indefinición de funciones y tareas o la no cobertura de sustituciones conllevan situaciones de estrés, que traen consigo no pocos conflictos, cuyo origen laboral niegan desde el departamento y la Mutua Mutualia y son tratados como conflictos o problemas personales.
Sin olvidar los recortes en plantilla, como en educación especial, que han derivado en más cargas de trabajo tanto físico como mental, dando situaciones de “burned-out”.
Todo ello en un tiempo en que los riesgos psicosociales se vienen denunciando en todos los medios como una asignatura pendiente. Que, se ha demostrado, no sólo trae más bajas médicas, sino que representa un gasto importante de dinero público.
De hecho, recordar las declaraciones del consejero Ángel Toña en la Cumbre que la Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo celebró a principios de noviembre: “la seguridad y salud laboral es "de extrema importancia" para el Gobierno vasco”. No nos dejan de sorprender estas declaraciones que muy poco, o nada, tienen que ver con la dinámica en desarrollo de prevención que hace el Departamento de Educación del Gobierno de Lakua.
Queda preguntar si estas declaraciones sólo van destinadas a empresas privadas que puedan aumentar sus ayudas y subvenciones mediante el desarrollo de la prevención. Destinadas a una mayor financiación de mutuas como Mutualia, Fremap, Asepeyo.
Como dato, este año 2015 el Departamento de Educación ha externalizado en prevención de riesgos un total de 231.960 euros.
LAB cree que este dinero debe ser destinado a aumentar un servicio de prevención con más recursos, para que se desarrolle una prevención real y de calidad porque el objetivo debe ser crear puestos de trabajo que no enfermen. La precariedad también es recortar en recursos para la salud.