En 1999 Correos puso en marcha el servicio de reparto en sábados, para lo cual contrató a cientos de trabajadoras y trabajadores como fijos discontinuos. Aquella medida tuvo como objeto dar salida al enorme volumen de correspondencia que se manejaba y que, a duras penas, podía atenderse con el reparto ordinario de lunes a viernes, aunque en los últimos años el número de estos trabajadores se ha reducido notablemente y es público el interés de la dirección por eliminar el reparto en sábados. De hecho, la empresa ha ofertado en la mesa de negociación del convenio colectivo cerrar los centros de reparto ordinario los sábados.
En la actualidad, en Hego Euskal Herria están activos 277 trabajadoras y trabajadores fijos discontinuos para reparto de correspondencia ordinaria en sábados, pero no han sido llamados en 2011 para iniciar su actividad anual.
Lo sorprendente del caso es que la dirección de Correos no ha dado ninguna explicación, ni verbal ni escrita, a las y los afectados y tampoco a los respectivos comités de empresa y sindicatos, pese a que se les ha requerido.
La falta de llamamiento a este colectivo, desde el sábado 15 de enero es interpretada por LAB como un caso evidente de despido colectivo encubierto que dará lugar a decenas de demandas judiciales en los cuatro herrialdes y a acciones de protesta, como las iniciadas en Bizkaia con el apoyo del comité de empresa.
Como paso previo a la vía judicial, LAB presentó solicitudes de conciliación ante la autoridad laboral de los cuatro herrialdes y el viernes 18 de febrero se han celebrado los primeros actos en Araba y Nafarroa, a los que la empresa no ha acudido.
Este hecho demuestra que la empresa va a mantener su política de silencio hacia los afectados y la representación sindical y ello nos obliga a presentar decenas de demandas por despido en defensa de los intereses de estos trabajadores.
El comportamiento de la dirección de esta empresa pública nos retrotrae a los años más oscuras de prácticas ilegales y socialmente reprobables en la gestión de personal que ha provocado que los tribunales de lo social y contencioso administrativo hayan tenido que hacer frente a cientos de demandas provocadas por vulneración de derechos y, en este caso, lo tengan que hacer por despidos encubiertos.
Bilbao, 18 de febrero de 2011