Los sindicatos UGT, LAB, CCOO y ELA se han concentrado frente al Departamento de Derechos Sociales para exigir una respuesta inmediata a la delicada situación que atraviesan los Centros Especiales de Empleo (CEE) y los Centros Ocupacionales de Tasubinsa.
La empresa anunció que no puede seguir asumiendo parte del coste del transporte y que la prórroga actual finaliza el 1 de abril. A partir de esa fecha, Tasubinsa dejará de realizar su aportación económica, lo que supondrá un incremento muy significativo del precio que deberán abonar las personas usuarias y trabajadoras del servicio. Esta es la razón por la que resulta imprescindible alcanzar una solución urgente antes de esa fecha.
La empresa ha planteado una aportación parcial y transitoria de 100.000 euros para este primer trimestre del año, con el objetivo de ganar tiempo mientras se buscan soluciones. No obstante, ha dejado claro que a partir del 1 de abril no continuará asumiendo el coste estructural del transporte. Según los representantes sindicales, “esta medida puntual resulta insuficiente y no garantiza una respuesta estable para el conjunto de las personas afectadas”.
Tasubinsa cuenta con 13 centros repartidos por toda la Comunidad Foral, ofreciendo una amplia cobertura territorial a personas con discapacidad, muchas de ellas residentes en zonas rurales. Esta implantación, que permite acercar oportunidades laborales y ocupacionales a todo el territorio, genera también una necesidad específica de transporte que no puede compararse con otros centros ubicados únicamente en entornos urbanos. La dimensión y dispersión geográfica de Tasubinsa hacen imprescindible una solución adaptada a su realidad.
Los familiares de las personas que acuden a los Centros Ocupacionales llevan meses movilizándose e interpelando a distintos órganos del Gobierno de Navarra. Sin embargo, los sindicatos denuncian que a día de hoy no se ha trasladado una solución concreta que garantice la continuidad del servicio en condiciones asumibles.
La situación afecta tanto a las personas usuarias de los Centros Ocupacionales como a las personas trabajadoras de los Centros Especiales de Empleo. “Es evidente que las personas usuarias de los Centros Ocupacionales perciben únicamente ayudas económicas, por lo que asumir un transporte con precios desorbitados resulta directamente inasumible”, han subrayado los sindicatos.
Por su parte, las personas trabajadoras de los CEE, aunque perciben salario, se encuentran en una situación igualmente delicada. Con retribuciones cercanas al SMI, el incremento aproximado de 200 euros mensuales en transporte supone una merma salarial muy significativa. Además, los sindicatos han advertido de que esta cifra podría incrementarse aún más si parte de las personas afectadas renuncian al servicio ante la ansiedad y la incertidumbre generadas, encareciendo el coste para el resto (independientemente de que se trate de personas de Centros Ocupacionales o de CEE) hasta niveles completamente inasumibles.
“Si bien algunas personas con mayor autonomía podrían intentar buscar alternativas, la realidad es que la mayoría no dispone de medios reales para desplazarse de manera independiente, especialmente en zonas rurales donde no existe transporte público suficiente o directamente no hay ninguna alternativa”, han señalado desde los sindicatos. En otros casos, aunque exista transporte urbano, muchas personas no pueden desplazarse solas sin generar situaciones de desorientación o estrés, trasladando la carga a las familias. Esta situación pone en riesgo tanto el acceso a los Centros Ocupacionales como la continuidad en el empleo en los CEE.
Los sindicatos subrayan que se trata de un colectivo protegido de personas con discapacidad. “No estamos ante empleo ordinario de mercado. La respuesta institucional no puede depender de la modalidad administrativa en la que cada persona esté encuadrada. Las personas trabajadoras de los CEE dependen de Tasubinsa como empresa, mientras que los Centros Ocupacionales están vinculados a la ANADP, pero la necesidad es común y la solución debe ser conjunta”.
Por ello, los sindicatos exigen una solución integral que garantice el transporte en condiciones dignas, ya sea mediante cofinanciación, bonificaciones en función de ingresos u otras fórmulas que impidan que el coste recaiga sobre las personas afectadas. Ante la cercanía del 1 de abril y la ausencia de una respuesta cerrada, los sindicatos reclaman a la dirección de Tasubinsa y al Gobierno de Navarra que actúen con urgencia y responsabilidad.