En primer lugar, hay que aclarar que los problemas a los que se enfrenta el sector actualmente vienen arrastrándose, y han ido empeorando desde hace tiempo. Ni son de ahora ni desde el cambio de empresa adjudicataria.
La causa principal de que este sector se encuentre en situación de crisis crónica es la privatización sistemática que sufre desde hace décadas. Privatización que ha supuesto un enriquecimiento de las empresas que realizan el servicio, a costa de un empobrecimiento progresivo en la atención a los y las pacientes.
De la misma manera, las y los trabajadores del sector han visto sus derechos pisoteados y ninguneados una y otra vez, para satisfacer la avaricia de unas empresas amparadas por la dejadez y mala gestión del Gobierno Vasco.
Unas y unos trabajadores que, en la situación actual, sufren problemas de incumplimiento de turnos y jornadas de trabajo, dificultades de accesibilidad al centro de trabajo, presión por la carga de trabajo y tiempos imposibles para realizar los servicios, y estrés continuado ante el trato cada vez más tenso por parte de los y las pacientes y de los y las profesionales de los centros sanitarios, que acusan los interminables retrasos e incluso anulaciones en tratamientos, consultas, altas hospitalarias, etc.
Cuando el servicio “público” que ofrecemos no es el adecuado, lo sufren los y las usuarias de este servicio a toda la ciudadanía y los responsables no son, ni los y las trabajadoras, ni las empresas. La responsabilidad es única y exclusivamente de Osakidetza y del Gobierno Vasco, que han decidido deshacerse de la gestión pública de un servicio público.
Por todo ello, LAB continúa exigiendo, como siempre ha hecho, un servicio de transporte sanitario, tanto concertado como de emergencia, público, gestionado sin intermediarios que lo único que buscan es el beneficio por encima de todo.