El pasado 16 de junio la comisión de Gobernanza de las Juntas Generales de Gipuzkoa aprobó la siguiente resolución: “Que en los pliegos de contratación de las adjudicaciones de obras y servicios que incluyan trabajadores con diversidad funcional, se establezca como requisito para poder participar en las mismas que las empresas tengan contratadas las contingencias profesionales con la Seguridad Social”. Finalmente, PNV y PSE hicieron una recomendación para que no se aplicara la resolución aprobada.
Hoy EH Bildu ha presentado en el Parlamento Vasco una propuesta no de ley en el mismo sentido que la aprobada por las Juntas de Gipuzkoa.
El sindicato LAB ha comparecido y se ha movilizado hoy en el Parlamento Vasco y ha hecho suya dicha propuesta ya que el mero hecho de tener una discapacidad reconocida convierte a los y las trabajadoras de los Centros Especiales de Empleo de cara a las mutuas en trabajadores y trabajadoras de segunda, no reconociendo en muchos casos las bajas derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales y achacándolas a su propia condición, condición por la cual han sido contratados y contratadas en los Centros Especiales de Empleo.
LAB quiere que las mutuas dejen de gestionar las contingencias profesionales en los Centros Especiales de Empleo. Anteponen los intereses económicos a la salud de las personas trabajadoras, y esto en el caso de los Centros Especiales de Empleo es algo muy sangrante cuando derivan a los y las trabajadoras a procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes, desentendiéndose, tanto las mutuas como las empresas, de la responsabilidad que tienen sobre la salud laboral de sus trabajadores y trabajadoras.
El de los Centros Espciales de Empleo es un sector especialmente precarizado, con una temporalidad superior a la del resto de trabajadoras y trabajadores, con un 80% de personas con salarios inferiores a 1.500 € mensuales, y para colmo, en muchas ocasiones se les niega el derecho a la salud laboral.
LAB hace un llamamiento a los y las trabajadoras para que denuncien las situaciones en las que las mutuas les deriven a salud pública, y a las instituciones para que garanticen la salud laboral y las condiciones de trabajo de las personas con diversidad funcional, garantizando que su salud queda fuera del negocio de las mutuas.