Diferentes trabajadoras nos han permitido desvelar el puzzle machista y racista de una empresaria Bizkaina propietaria de un entramado de viviendas comunitarias que explota a mujeres y se lucra especialmente de las que se encuentran en las peores condiciones para poder negociar y hacer valer sus derechos: las trabajadoras migradas y/o racializadas en situación administrativa irregular.
Frente a las macro-residencias, el modelo de las vivendas comunitarias se quiere presentar hoy como la opción más cercana y humana de las infraestructuras de cuidado. Se trata de pisos de gestión privada que cuentan con la pertinente licencia de la Diputación Foral de Bizkaia y funcionan como solución habitacional para personas adultas mayores que, en principio, tienen cierto nivel de autonomía. Cada uno de estos pisos tiene una media de 10-14 camas y una plantilla de no más 4 trabajadoras que cumplen funciones de asistencia a las personas usuarias (cuidado, acompañamiento, aseo, alimentación y suministro de medicación) y de mantenimiento (limpieza, cocina, …).
La empresaria que hoy denunciamos -enfermera en plantilla de Osakidetza- figura como administradora de 6 residencias y de 9 viviendas comunitarias en Bizkaia. Desde la pandemia, la cantidad de pisos comunitarios bajo su propiedad se ha disparado exponencial y llamativamente. En los últimos cinco años ha adquirido ocho nuevos centros. Y sólo en el último año se estima que ha podido llegar a acumular beneficios netos que superarían los 2.000.000 de euros.
Desde diciembre de 2024, veníamos recibiendo en LAB cada vez más trabajadoras migradas y/o racializadas empleadas por esta empresaria en sus pisos comunitarios. En suma, más de una decena de trabajadoras con retribuciones por debajo de convenio, realizando más horas que las pautadas, sin cotización ni contrato.
Hasta que en agosto de 2025, nos llega un caso que detona todas nuestras alarmas porque cruza lo peor de diferentes elementos que veníamos identificando como parte del modus operandi de esta empresaria. Una trabajadora migrada y racializada que tras 3 años trabajando para esta empresaria logra por fin que se le haga un contrato escrito (a media jornada) a cambio de asumir la trabajadora la cuota íntegra de la Seguridad Social. Esta trabajadora estaba, además, en estado avanzado de embarazo (8 meses) y ésta empleadora le estaba denegando su derecho a la baja.
Las condiciones laborales de las trabajadoras de los pisos comunitarios se rigen bajo el convenio colectivo de Residencias de Bizkaia. Sin embargo, en el caso concreto de estas trabajadoras las realidades difieren notablemente según procedencia, raza y situación administrativa.
Nos encontramos, por un lado con que hay trabajadoras “blancas” que si bien padecen las situaciones que hace tiempo venimos denunciando en este sector; se encuentran cotizando en la la Seguridad Social, con contrato escrito y nómina. Y, por otro, con trabajadoras migradas y/o racializadas tanto con autorización como en situación administrativa irregular. Entre unas y otras, hemos identificado diferentes situaciones-condiciones:
1. Las trabajadoras migradas regularizadas cuentan con contratos que no reflejan la cantidad real de horas trabajadas pero que sin embargo necesitan (y la patronal lo sabe) para poder renovar o mantener sus autorizaciones.
2. Mientras que, las trabajadoras que están en situación irregular, son contratadas verbalmente por 50 euros la noche (de 22hs a 8hs) para cubrir fines de semana y festivos. En estos casos, se ha observado además, cómo se las “mueve” entre los centros según los vacíos o inasistencias que van surgiendo, pidiéndoles muchas veces que trabajen más de un turno seguido, vulnerando sus descansos entre otros derechos.
Desde LAB hace casi un año venimos acompañando a diferentes trabajadoras que nos han permitido armar el puzzle de esta empresaria de Bizkaia, propietaria de un entramado de viviendas comunitarias que explota a mujeres y se lucra especialmente de las que se encuentran en las peores condiciones para poder negociar y hacer valer sus derechos: las trabajadoras migradas y/o racializadas en situación administrativa irregular. Se trata de un entramado de explotación racista y machista, que estructura un sistema escalonado de trabajadoras con condiciones desiguales entre si, a las que se les impide que hablen entre ellas y a las que se chantajea y amenaza de manera instrumental.
Ante todo esto desde el sindicato hemos interpuesto varias demandas judiciales y denuncias frente a la Inspección de Trabajo. Fruto de estas actuaciones, se ha revertido la situación en algunos de estos centros: posibilitando altas en la seguridad social, regularización de contratos, respeto de los descansos, retribuciones… En tanto que, en lo que respecta a Inspección de trabajo, el Informe esta sin concluir, pero hemos tenido conocimiento de que se han realizado visitas simultáneas en varias de estas viviendas comunitarias.
No podemos permitir que esta cadena siga reproduciéndose. Ya está bien que las administraciones se pongan de perfil.
La Diputación Foral de Bizkaia, que otorga las licencias a estos centros, es la responsable en última instancia de las condiciones en las que se encuentran estas trabajadoras y de la desatención que están recibiendo las personas usuarias. Exigimos que asuman su responsabilidad, realizando un seguimiento, control y sanción del funcionamiento de esta empresaria y de tantas otras.
El Gobierno Vasco también tiene una responsabilidad en esta situación.
Por un lado, hay algo que esta muy claro: esto sucede en los pisos comunitarios porque existe un vacío legal que permite que de esto se haga un nnuevo nicho de mercado. Estos pisos estan regulados por un Decreto del Gobierno Vasco que data del año 1998, un decreto laxo y obsoleto; con muchas omisiones, que abre un paraguas de cierta impunidad y da vía libre para que estas situaciones puedan proliferar.
Por otro lado, bajo el doble discurso de la acogida y la integración, es notable el abandono y la falta de interés real por ejecutar la parte de las competencias que podría asumir en la regularización de autorizaciones de trabajo. Esta es la raíz de la desprotección de estas compañeras, es lo que les expone a esa especial situación de vulneración. A partir de la cuál, la patronal especula, amenaza, chantajea y se lucra.
Esta realidad de explotación laboral racista y machista que hoy denunciamos no es un hecho aislado, sino la expresión más cruda de un modelo de cuidados privatizado y mercantilizado que se sostiene sobre la precarización sistemática de las personas trabajadoras, mayoria mujeres en este sector y especialmente de las mujeres migradas y/o racializadas. Un modelo que permite y se expande gracias al ajuste de las condiciones: salarios de miseria, jornadas abusivas y vulneración de derechos laborales. Un modelo que sólo puede reproducirse en un marco en el que no existen, porque no interesa, garantías reales de condiciones dignas para todas.
Desde LAB no tenemos ninguna duda que los responsables ultimos de esta situación son las instituciones publicas, que con sus politicas de privatización convierten a estas mujeres en trabajadoras de tercera, permitiendo a las empresas privadas llenarse los bolsillos con beneficios economicos a costa de los derechos basicos más elementales, sin que pase nada. Por eso desde LAB llevamos años reivindicando, junto a movimientos sociales, politicos… que los trabajos de cuidados deben estar garantizados desde el ambito publico y basados en la gestión directa de las instituciones. Exigimos que se publifiquen los servicios actualmente privatizados y se cierren las puertas a nuevas privatizaciones.
Esta denuncia es otro motor que nos refuerza a LAB en el llamamiento a la Huelga General del 17 de marzo por un salario mínimo propio. No es casual que muchas de las trabajadoras de cuidados migradas y/o racializadas no lleguen al SMI. Por eso, esta huelga también es de estas compañeras, como herramienta imprescindible para poner freno a la explotación, acabar con la segmentación racista, machista y clasista que estan haciendo de los cuidados un negocio y garantizar unas condiciones de vida y de empleo dignas para este sector y para el conjunto de la clase trabajadora.
Por último, queremos dar un mensaje especial a las trabajadoras migradas en situacion administrativa irregular que estais trabajando en estos pisos: compañeras estamos con vosotras… podeís contactar con el sindicato de manera confidencial en bilbo@lab.eus. La denuncia y la colaboración con las administraciones puede abrir vías para la regularización de vuestra situación. Romper el silencio es el primer paso: no estáis solas.