El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, ha destacado la necesidad de aumentar la capacidad de decisión en temas sociolaborales para garantizar un salario mínimo y una pensión propia, el ejercicio de la negociación colectiva propia y el desarrollo de los servicios públicos vascos.
En las últimas semanas han sido noticia las conversaciones entre EH Bildu, PNV y PSE para acordar un nuevo estatus para la CAV. El coordinador general de LAB, Igor Arroyo, ha destacado la importancia de que los sindicatos participen en el debate del estatus: «Los sindicatos vascos tenemos mucho que decir y hacer en relación con el nuevo estatus político. El proceso para su renovación debe prever sí o sí mecanismos concretos y eficaces de participación de los sindicatos y de los agentes sociales».
Ha explicado dos razones para ello; en primer lugar, la necesidad de situar las condiciones laborales y de vida de la clase trabajadora en el centro del debate político: «Durante cuatro décadas el PNV ha desarrollado un modelo de autogobierno a la medida de la patronal; ha utilizado el concierto económico y la política fiscal para beneficiar a los empresarios. Ha renunciado a los mecanismos para la redistribución de la riqueza. El estatuto ha sido totalmente insuficiente a la hora de mejorar las condiciones laborales y de vida de los trabajadores «.
LAB señaló desde el principio las carencias del estatuto de la CAV, tanto por la falta de reconocimiento nacional y del derecho a decidir, como porque no garantizaba un Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social y un marco socioeconómico propio. Además, el estatuto ha sido erosionado y se ha obstaculizado su desarrollo, mediante la estatalización la negociación colectiva, los límites al desarrollo de los servicios públicos o el impedimento para que el euskera sea oficial en la función pública. «El nuevo estatus debe poner remedio a esta carencia estructural», ha reivindicado Arroyo. «Ante la crisis sistémica mundial, en Euskal Herria tenemos la necesidad y la posibilidad de proteger los intereses de la gente trabajadora e impulsar un proceso de transformación social, para lo cual necesitamos la soberanía».
La segunda razón se refiere a la participación de la clase trabajadora: «Para superar los obstáculos que puedan surgir en la implementación de un nuevo estatus será imprescindible un amplio apoyo y adhesión popular” ha argumentado Arroyo. «En Euskal Herria hay una gran activación sindical y social. Es el combustible para construir un modelo de sociedad más justo y la receta para poner coto a la ola reaccionaria. Si se diera cauce a las demandas de la clase trabajadora y de los sectores populares, del movimiento feminista y del movimiento para la recuperación del euskera, se prestigiaría a las instituciones propias. Frente a la antipolítica alimentada por la extrema derecha, en Euskal Herria tenemos la oportunidad de hacer una política basada en la participación popular».
Arroyo ha insistido en que LAB quiere ser un agente activo en el debate de un nuevo estatus. Ante la falta de un procedimiento para recoger la aportación de los sindicatos, LAB ha solicitado reunirse con los tres partidos políticos que están negociando sobre el estatus (EH Bildu, PNV y PSE). EH Bildu y PSE se han mostrado dispuestos a reunirse, no así el PNV, cuya negativa ha criticado Arroyo: «El PNV nos ha negado la reunión alegando que el estatus es un asunto que se tiene que dirimir entre los partidos, lo que demuestra que para algunos partidos la participación de los sindicatos y de los agentes populares es un estorbo. El PNV ha querido escenificar un cambio con Pradales, pero dicho cambio se ha quedado en agua de borrajas. El Gobierno cerró la mesa de sanidad sin acuerdo sindical y ha rechazado debatir en el Parlamento dos iniciativas legislativas populares. En cuanto al estatus, la opinión de los sindicatos y de los agentes populares no es pertinente para el PNV». Arroyo ha recordado que el PNV argumentó que la vía para establecer un salario mínimo propio era el nuevo estatus y no la Iniciativa Legislativa Popular. «Decir eso y negarse a hablar sobre el nuevo estatus con LAB es absolutamente contradictorio; instamos al PNV a rectificar su postura».
En cualquier caso, LAB seguirá trabajando para que las demandas de la clase trabajadora vasca sea atendida. Tanto en la fase de diálogo entre partidos como en el recorrido institucional que se podría poner en marcha, LAB reivindicará herramientas para mejorar las condiciones laborales y de vida. «Hace treinta años la mayoría sindical de este país reivindicó un marco vasco de relaciones laborales y protección social. Para garantizar unas condiciones de trabajo y de vida dignas a todos y todas las trabajadoras vascas, es imprescindible ampliar las competencias de las instituciones vascas y la capacidad de negociación colectiva propia», ha explicado el coordinador general.
Para avanzar hacia el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social, LAB considera prioritarias las siguientes medidas:
- La capacidad de establecer un salario mínimo propio que garantice un salario digno a todos los trabajadores y trabajadoras vascas.
- Capacidad para desarrollar un sistema de pensiones complementario propio que garantice una pensión digna a todos los pensionistas vascos.
- Herramientas sociolaborales propias que permitan desarrollar una política independiente para la distribución de la riqueza, el empleo y los cuidados.
- Desarrollo de la negociación colectiva tanto en el ámbito público como en el privado. A nivel intersectorial, sectorial o empresarial, garantías para la superación de los vetos de la patronal y el respeto de cualquier aspecto que pueda acordarse entre sus patronales y sindicatos en Euskal Herria.
- La posibilidad de regular sin limitaciones los servicios públicos para garantizar el derecho a la salud, la educación, el cuidado y la vivienda de toda la ciudadanía. Plena capacidad de decisión sobre los presupuestos de los servicios públicos, la contratación de personal de función pública o los perfiles lingüísticos.