Tal y como señaló LAB cuando presentaron el decreto ley en junio, con este paquete de medidas el Gobierno quiere dar inicio a un nuevo ciclo de construcción. El sindicato denuncia que lo único que conseguirán es impulsar el negocio de la vivienda y subir los precios.
PNV y PSE anunciaron en junio medidas urgentes para dar respuesta a la problemática de la vivienda. Hoy, desoyendo las propuestas y críticas de decenas de agentes, ambos partidos han aprobado el decreto haciendo valer su mayoría absoluta. Al igual que con las Iniciativa Legislativas Populares a favor de complementar las pensiones y a favor de un salario mínimo propio, en esta ocasión también han optado por hacer políticas a favor de la patronal, dando la espalda a los intereses y necesidades de las y los trabajadores.
Lo aprobado hoy, aunque con pequeñas enmiendas a su propuesta inicial, ha convertido en ley lo anunciado desde el principio. LAB analizó las propuestas y recogió en un informe las principales conclusiones, destacando dos ideas principales:
La primera, que con estas medidas se pretende iniciar un nuevo ciclo de construcción, siempre con el objetivo de garantizar e incrementar los beneficios de quienes se nutren del negocio de la vivienda. A ello responden las propuestas para reducir el número de viviendas protegidas propuestas en la Ley del Suelo o las once modificaciones realizadas para agilizar diversos procedimientos. Dicen que construir casas cuando el precio de las viviendas está en constante tendencia alcista no es rentable. Pero la pregunta es cuánta rentabilidad se quiere garantizar a esos que ya acumulan enormes beneficios.
La segunda, en opinión de LAB, es que, si este nuevo ciclo de construcción va a repercutir en los precios, será para aumentar la tendencia al alza. ¿En manos de quién quedarán esas nuevas casas que se venderán en el mercado libre si hoy en día hacer negocio con la vivienda es más rentable que invertir en economía productiva?
En esta dirección, es clarificador que Denis Itxaso esté dispuesto a pagar en dos ocasiones a las constructoras de promoción del alquiler asequible. Primero, para hacer la concesión de suelo y construir casas protegidas, y después mediante la fórmula del alquiler asequible, con el argumento de que de lo contrario no habrá promoción para edificar. Sin duda, la patronal inmobiliaria estará encantada con el consejero de vivienda, que está utilizando dinero público para hacer más rentable el negocio.
También es preocupante que no se haya tomado ninguna medida para bajar los precios ni se haya hecho ninguna política de protección a las y los inquilinos. En lugar de ampliar el parque público recuperando las viviendas que se van a descalificar, el Gobierno quiere ceñirse a la lógica de la construcción. Además, es grave que se haya aprovechado la aprobación del paquete de medidas para aplicar recortes en las prestaciones, y en concreto en la RGI.
LAB reivindica que la vivienda debe dejar de ser negocio, y seguirá enfocando su acción sociosindical en ello, organizando a las y los trabajadores y haciendo lo que la administración no quiere hacer: emprendiendo la lucha por bajar los precios, desarrollando la acción sindical contrato a contrato y aumentando la presión a favor de políticas estructurales eficientes y reales; entre otras cosas, para que se incremente el presupuesto, se priorice el alquiler social, se bajen los precios, se tomen decisiones para limitar el negocio y se comprometan a defender los derechos de las y los inquilinos.