La Comisión de desarrollo económico del CES ha aprobado recientemente el dictamen emitido en relación con el Proyecto de Decreto del Plan Industrial EUSKADI 2030, con el voto en contra del sindicato LAB. Manifestamos nuestra oposición por las siguientes razones:
No se contempla la participación de las y los trabajadores. Aunque el dictamen hace referencia a ello, no compartimos que se traslade el tema a la Mesa de Diálogo Social, donde está representada la minoría sindical; LAB propugna la necesidad de un espacio de participación diferente para tratar específicamente sobre el Plan Industrial.
El Plan reconoce la colaboración público-privada, aunque la intervención pública que requiere la transición industrial debe ser distinta. Hay que impulsar proyectos industriales con participación pública. Por otro lado, las empresas que reciben dinero público deben tener unas condiciones y compromisos, con un empleo digno, para acabar con las discriminaciones, invertir en innovación tecnológica. Las empresas que se reparten dividendos no tendrían que beneficiarse de estas ayudas públicas.
No se contempla ninguna medida para garantizar el derecho al empleo ni unas condiciones laborales dignas y de calidad mientras dure la transformación industrial. El plan no recoge medidas para fomentar un empleo digno. Debería incluir un análisis del impacto socio-laboral de la transición energética de la industria en la CAV. La carencia es especialmente grave ante un contexto global y económico tan complejo. Se repite el discurso de la patronal sobre el absentismo, pero no se habla de la ausencia de medidas preventivas en muchas empresas. Se considera el empleo industrial como un empleo de calidad en sí mismo y esto no es así.
El plan no establece una planificación de las transformaciones industriales más significativas y urgentes, como la automoción, en las que no se garantiza la participación de sindicatos y personas trabajadoras del sector. En cuanto a los planes de descarbonización, tampoco existe garantía alguna de su elaboración y cumplimiento. La falta de planificación supone dejar todas las decisiones en manos de la patronal y facilita que haya consecuencias laborales traumáticas. Todos los cambios deben reconocer y recoger la participación de sindicatos y personas trabajadoras.
La actual legislación sobre deslocalizaciones es claramente insuficiente. Habrá que imponer un condicionamiento estricto para evitar recibir ayudas cuando se destruya o empeore el empleo, así como la obligación de devolver el dinero, recibir sanciones y denegar el acceso a las ayudas.
No se hace mención explícita a la industria militar. El Gobierno Vasco afirma que quiere aprovechar las oportunidades de negocio que supone el nuevo impulso de la industria militar a nivel europeo. Desde LAB, sin embargo, apostamos por mantener una base industrial capaz de dar respuesta a las necesidades sociales de nuestro territorio. Para ello, es necesario transformar diversos sectores, reduciendo las emisiones, el uso de la energía y los materiales. Al mismo tiempo, la industria armamentística debe caminar hacia la eliminación, orientando su capacidad de producción hacia productos socialmente útiles y ecológicamente necesarios.
Desde LAB reclamamos un verdadero plan industrial y para ello consideramos imprescindible reconocer e incluir desde el principio la participación de los sindicatos ylas personas trabajadoras. Por todo ello, y considerando que el Plan de Industria 2030 que se nos presenta no establece las bases suficientes para elaborar un plan industrial orientado a la transición ecosocial, el voto de LAB ha sido negativo.