Ayer conocimos la detención en Donostia de dos empresarios de la construcción acusados de delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral y de delitos contra los derechos de los personas trabajadoras migrantes.
Son muchas las redes y los sectores económicos que se lucran de la necesidad de supervivencia de las personas que migran tras la promesa de mejores oportunidades. La noticia de hoy no es un caso aislado. Es la expresión de un entramado social e institucional racista con bases históricas y estructurales que hay que transformar.
La ley de extranjeria racista del estado español junto a las administraciones de Hego e Ipar Euskal Herria, a pesar de contar con mecanismos y competencias para controlar, sancionar y poner freno a estas mafías, decide mirar para otro lado exponiendo a las trabajadoras migradas y racializadas a circuitos de abandono y especial desprotección frente a todo tipo de vulneraciones.
El 18 de diciembre será el Día Internacional de las Personas Migrantes, y una vez más gobiernos e instituciones se llenarán la boca de palabras bonitas. Desde el sindicato LAB condenamos este accionar hipócrita y especulador. Exigimos que las administraciones y gobiernos de turno regularicen la situación de estas trabajadoras y las protejan garantizando el ejercicio efectivo de sus derechos fundamentales en este territorio. Euskal Herria harrera herria.