Año tras año, el número de accidentes y enfermedades profesionales, lejos de mejorar, empeora. 2020 no ha sido una excepción. Así lo hemos hecho saber en las calles de Bilbo e Iruñea, a convocatoria de la mayoría sindical vasca. El estancamiento de la actividad económica en el contexto del coronavirus y la consiguiente crisis económica no han frenado la sangría de trabajadores y trabajadoras accidentadas y fallecidas en el trabajo, ya que el pasado año, en Hego Euskal Herria, según datos de LAB, han fallecido al menos 71 personas en accidente laboral y Joaquín Beltrán sigue desaparecido en el vertedero de Zaldibar. Si esto fuera poco, desconocemos el dato de las personas fallecidas por enfermedad profesional, porque no existen estadísticas oficiales al respecto. Sin embargo, todos los estudios advierten de que el porcentaje supera por mucho el de los fallecidos por accidentes laboral. En Hego Euskal Herria, al menos 28 personas fallecieron en 2020 por enfermedades profesionales derivadas del amianto y desconocemos cuantos trabajadores y trabajadoras murieron a consecuencia del coronavirus.
Los datos son escandalosos, porque sabemos a ciencia cierta que los accidentes laborales, las enfermedades profesionales y los daños asociados al trabajo se pueden evitar. En una sociedad moderna y desarrollada como la nuestra, con todos los avances tecnológicos disponibles, estos datos son inaceptables.
Ante la gravedad de la situación, exigimos a los gobiernos de la CAV y Nafarroa las siguientes medidas:
– Mayor control sobre las empresas. Para realizar un seguimiento adecuado de las medidas sanitarias y de prevención en los centros de trabajo es imprescindible aumentar el personal de Osalan/ISPLN y de la Inspección de Trabajo, equiparándolo a la media europea. Asimismo, el gobierno de Nafarroa debe recuperar las competencias en materia de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
– Publificación tanto de las mutuas como de los servicios de prevención. En esta pandemia no han sido eficaces desde el punto de vista de la salud.
– Realizar más acciones de control y seguimiento para verificar el cumplimiento de la normativa en las empresas que incluyan actividades con riesgo de caída en altura, atrapamiento o que trabajen con elementos cancerígenos y mutágenos.
– Prohibición de contratación con empresas que hayan sido sancionadas en materia preventiva.
– Exigir la elaboración de evaluaciones de riesgo psicosocial en todas la empresas de Hego Euskal Herria, teniendo en cuenta que la pandemia ha venido a agravar aún más las condiciones psicosociales de las personas trabajadoras. Para ello, en el plazo de dos años todas la empresas deberán contar al menos con una evaluación de riesgos psicosociales e implantar medidas en caso de deficiencias. Será el personal de Osalan/ISPLN quien haga seguimiento del cumplimiento.
