El estado de alarma provocado por el COVID19 y las medidas a adoptar ha puesto de manifiesto la fragilidad del sistema vasco y navarro de servicios sociales. Está resultando un test clarificador de lo que desde el sindicato LAB venimos denunciando reiteradamente.
Para el sindicato LAB, lo primero y fundamental es garantizar la salud de las personas. Por ello, y entre otras medidas, la protección de la salud de las personas implica fortalecer de manea eficaz los servicios sociales dirigidos a las personas más vulnerables y sobre las cuales el riesgo de contagio puede resultar fatal, tal y como está sucediendo.
Es por ello, que desde un comienzo hemos exigido en el conjunto de servicios sociales, centros residenciales para la tercera edad, servicio de ayuda a domicilio, empleo doméstico, centros y servicios de intervención social, centros y servicios a personas con diversidad funcional, que se negociasen y aplicasen protocolos de actuación eficientes en materia de salud laboral para salvaguardar la salud de las personas trabajadoras y, por lo tanto, de las personas usuarias, que conforman el sector social más vulnerable, también frente al COVID19 y que en esta situación, la esencialidad de estos servicios, exige preservar, ampliar y fortalecer.
Sin embargo, la exigencia y actitud responsable de todas nuestras secciones sindicales para acompañar y aportar en la elaboración y aplicación de los protocolos de actuación y de medidas preventivas, una vez más, no han sido atendidas. El esfuerzo ha sido y continua siendo mayúsculo.
Por parte de empresas gestoras de unos servicios que son públicos pero privatizados y de las propias administraciones, titulares y financiadoras de los servicios, se está dando una imagen pública de responsabilidad y de buen hacer, así como de resignación y diluyendo responsabilidades frente a una situación totalmente descontrolada y de la cual, son los únicos responsables. Sus esfuerzos están dirigidos a evitar que se filtre y extienda la verdadera situación en los centros.
En los centros residenciales, el COVID-19, no se han elaborado protocolos de actuación eficaces y adecuados a cada centro de trabajo y los mismos, además, no se se están implantando. La ausencia de mascarillas adecuadas y otros Equipos de Protección Individuales en una actividad que se efectúa prácticamente piel con piel y con personas especialmente vulnerables, supone enviar a las personas trabajadoras y las personas usuarias a un contagio casi seguro. Las consecuencias, ya las conocemos.
Además, tal y como hemos denunciado hasta la saciedad, dada la insuficiencia de personal con carácter habitual en estos centros por la regulación impuesta por el Gobierno Vasco y Navarro, el establecimiento de medidas preventivas extraordinarias, supone una mayor carga de la ya inasumible carga de trabajo en estos centros. Por lo tanto, ausencia de protocolos adecuados y eficientes, ausencia de equipos de protección individual y dificultades para cumplir con las pautas preventivas. El resultado comienza a extenderse en los centros de la tercera edad, y desconocemos cuales van a ser las pautas de actuación.
Situación similar se esta produciendo en el Servicio de Ayuda a Domicilio, las auxiliares domiciliares acuden de domicilio en domicilio para acompañar y atender a personas con dificultades para desarrollar actividades básicas de la vida diaria, sin mascarillas, con un riesgo claro para su salud y de las personas usuarias. Con el riesgo de ir extendiendo el contagio, domicilio a domicilio y a su propio entorno familiar.
Resulta de especial gravedad, las indicaciones efectuadas por EUDEL ( Asociación Vasca de Municipios) por las cuales, solamente pauta el uso de mascarillas en aquellos servicios con claros indicios de contagio.
Más grave es la situación de las empleadas del hogar, sector totalmente invisibilizado, para el cual, no hemos visto dirigir por parte de ninguna administración recomendaciones frente a esta situación y medios de seguimiento y exigencia para que se garantice la salud de las personas trabajadoras y de las personas usuarias.
En esto contexto, resulta casi criminal que el Gobierno Vasco apueste por proveer a la actividad industrial de equipos de protección individual, cuando el desabastecimiento en los sectores fundamentales y dirigidos a preservar la salud de las personas es total.