La suma total de deudas reconocidas por el AC de LA NAVAL es de 522.832.014 euros. La situación patrimonial de LA NAVAL, sin embargo, es óptima, pues teóricamente dispone de los bienes suficientes para hacer frente a su deuda. Concretamente, el superavit es de 129.772.475 euros, es decir, los bienes y derechos de LA NAVAL superan en más de 129 millones a las deudas reconocidas.
El desglose del endeudamiento, su composición da muestras de la dimensión de lo que está en juego en LA NAVAL. LAB cuantifica en 404 las empresas auxiliares, proveedoras de servicios y subcontratadas a las que LA NAVAL debe dinero. El número de acreedores, el empleo que genera directa y especialmente indirectamente y las sinergias que provoca con otros sectores hacen que lo que suceda con LA NAVAL va a ser crítico para la comarca de Ezkerraldea y el tejido industrial de toda Bizkaia.
Esa dimensión hace que el sector naval sea, en opinión de LAB, un sector estratégico para nuestro futuro industrial, pues además es un proyecto que, en nuestra opinión, apostando por la especialización en grandes barcos, es perfectamente viable.
Aún no sabemos si para el Gobierno Vasco éste es un proyecto estratégico. Esta es una muestra más del drama de la falta de política industrial que vive este país detrás del marketing del Basque Industry 4.0. No hicieron seguimiento del proyecto dejando hacer a unos accionistas con intereses fuera de LA NAVAL, vendieron la llegada de un inversor que ha desaparecido, y ahora dicen no poder participar en el accionariado por estar en la Unión Europea cuando Macron ha hecho lo mismo con un astillero.
LAB se posiciona de manera clara: LA NAVAL necesita de la intervención pública, pero no limitando esa intervención a la aportación de capital. En esta situación de impasse, existen posibles interesados pues el proyecto es perfectamente viable. El sector público, especialmente el Gobierno Vasco, debe velar por evitar pelotazos y gestiones deficitarias y para que la totalidad del empleo, los y las 1.800 trabajadoras, sean tenidos en cuenta y se les busque una solución. De momento, no se les está concedido ni el derecho a ser interlocutor, dejando a las claras la crueldad que supone la subcontratación.