LAB recurrió en apelación una sentencia emitida por el juzgado contencioso-administrativo n.o 6 de Bilbao, en la que se desestimaba a la trabajadora de Osakidetza, tanto la posibilidad de ser reconocida como indefinida, así como el derecho a ser indemnizada por finalización de contrato.
Es la sección 3a de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior del País Vasco la que reconoce a dicha trabajadora como indefinida no fija y, además obliga a Osakidetza a pagar una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado.
Esta sentencia es emitida por dicha sala, después de que el Tribunal Europeo, matizase su propia doctrina en relación a la posible discriminación entre trabajadores y trabajadoras fijas y temporales y si bien, esta última doctrina Montero Mateos, recortaba la posibilidad de indemnizar a las personas contratados por las administraciones, al no existir discriminación frente a las personas trabajadoras fijas, si reconocía que los tribunales pudieran considerar que las administraciones demandadas hubieran abusado de la temporalidad debido a una inusual duración de la misma.
Es por esto, que el TSJ, haciendo referencia al limite la duración de la contratación temporal establecida en la Ley 8/1997 de ordenación sanitaria, marcada en 3 años, superado este limite, como es el caso, establece que Osakidetza debía haber puesto los medios necesarios par que la trabajadora fuese indefinida no fija.
Dicha sentencia supone un importante reconocimiento de la injustificada temporalidad y el abuso que las administraciones Vascas hacen de la misma, en particular, Osakidetza, que condena a sus plantillas a la inestabilidad y la precariedad poniendo además en riesgo la calidad del servicio.
Solicitamos por lo tanto al Gobierno Vasco, que si en algún momento se han sentido tentados de celebrar la doctrina Montero Mateos, tenga en cuenta la decisión del TSJ, y den pasos para terminar para finalizar con un sistema de contratación basado en la inestabilidad y la temporalidad. El sindicato LAB ha hecho propuestas en las diferentes administraciones para negociar y llevar a cabo medidas y planes de empleo reales que reduzcan estas altas tasas de temporalidad. Por lo tanto, seguiremos insistiendo tanto en los tribunales como en los centros de trabajo, para que se reconozcan los derechos de las trabajadores y los trabajadores, así como la necesidad de contar con unos servicios públicos de calidad.