LAB, CCOO, ELA, ESK, CGT, STEILAS, HIRU y EHNE hemos suscrito un manifiesto.
Los sindicatos abajo firmantes queremos realizar la siguiente declaración en relación a la imputación de ocho jóvenes de la localidad de Alsasua por delitos de terrorismo a raíz de los hechos acaecidos el pasado 15 de octubre, de madrugada, en un bar de dicha localidad.
Desde el compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios que deben configurar un Estado de Derecho democrático, queremos mostrar nuestra preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en torno a este caso.
Desde una consideración jurídica, queremos recordar que la Audiencia Provincial de Navarra, el día 23 de marzo de 2017 emitió un Auto donde concluye que no se cumplen los requisitos marcados por la ley y “no existen indicios de la comisión de un presunto delito de terrorismo” y, por tanto, los hechos deben instruirse en Navarra. El delito de terrorismo requiere la existencia de un delito grave, sujeto a penas de prisión superiores a cinco años. La Audiencia Provincial concluye que “no nos encontramos ante delitos que superen el resultado lesivo contemplado en los artículos 147 y 148 del código Penal”. Asimismo, en dicho Auto se recoge que los atestados elaborados por la Policía Foral y la Guardia Civil descartan “que los hechos puedan ser calificados de delito de terrorismo”.
Mostramos nuestro rechazo a la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo y a la solicitud de penas de cárcel de entre 12 y 62 años, que en total suman 375 años, así como al mantenimiento de tres jóvenes en situación de prisión preventiva desde hace dieciséis meses. La inadecuación de las calificaciones penales a los hechos, el no cumplimiento de los requisitos jurídicos necesarios para el sostenimiento de dichas imputaciones, la falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva de los tipos penales vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger, tal y como han denunciado distintas instancias, entre ellas varios Relatores de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y cualificadas ONGs como ‘Amnistía Internacional’ y ‘Fair Trials’.
Por todo ello, solicitamos:
• Respeto a los derechos fundamentales de presunción de inocencia, derecho a un juicio justo sin restricciones al derecho a la defensa, y derecho al juez natural.
• La eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo, el levantamiento de las medidas cautelares de prisión preventiva y el retorno de la instrucción de este caso al cauce ordinario en los tribunales navarros.