Esta medida nos genera una gran inquietud, principalmente en dos sentidos. Por un lado, la bonificación se aplicará, automáticamente, teniendo en cuenta únicamente el factor de facturación de las empresas y no otros como pueden ser las condiciones laborales en las que se trabaja en las mismas, si dichos niveles de facturación los consiguen ahorrando en salarios y en medidas de seguridad y salud laboral, o si por ejemplo, disponen de un plan de viabilidad que garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo. No es la primera vez que nos encontraríamos con empresas que después de recibir ayudas y/o subvenciones cierran despidiendo a sus plantillas.
Igualmente nos preocupa sobremanera cómo van a garantizar que no haya un descenso de la recaudación tributaria sin que ello implique aumentar la presión fiscal al resto de gasteiztarras, o sin que implique nuevos recortes en los sistemas de protección social y en los servicios públicos. Tanto Gorka Urtaran como Leticia Comerón afirman que incluso se aumentará la recaudación en aproximadamente 600.000 euros pero, si tenemos en cuenta que se calcula que unas 840 empresas podrían acceder a la bonificación del 50% del IAE y que este impuesto ha sido congelado, a nosotras desde luego que no nos salen las cuentas.
Aún así, han intentado vendernos el pacto diciendo que es un acuerdo “con sensibilidad social” porque contempla la congelación en unos pocos impuestos y un aumento de la bonificación en el IBI a familias numerosas, pero la realidad es que no prioriza los intereses de los y las gasteiztarras sino los de unos empresarios que buscan su propio enriquecimiento por encima del interés general.
Aunque el acuerdo ha contado posteriormente con el apoyo del PSE, ha quedado claro que lo que buscaba el PNV era escenificar la firma con el PP, mediante una foto que reflejase la extensión del pacto alcanzado por su partido en Madrid al resto de instituciones. El PNV no duda en pactar con un partido corrupto y antidemocrático si con ello favorece sus intereses de partido.
En LAB tenemos claro que es imprescindible un cambio profundo en las políticas fiscales para conseguir un sistema justo, progresivo y que tenga la capacidad de hacer frente a las necesidades sociales, pero para ello hace falta voluntad política y lamentablemente, el gobierno de Gasteiz no está por la labor.
Las nefastas consecuencias de la recién aprobada ordenanza fiscal tendrán, sin ninguna duda, una clara incidencia en los próximos presupuestos. La movilización social y la denuncia ciudadana serán los primeros pasos ante las políticas neoliberales que pretenden imponernos desde las instituciones.