La fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado penas de cárcel de hasta 62 años para las y los imputados de Altsasu, les acusa de lesiones terroristas y les atribuye cuatro delitos a cada uno y una de ellos y ellas. Sin espacio para la duda, la petición fiscal es una verdadera barbaridad política y judicial. Con anterioridad observamos con preocupación la decisión de negar que el caso se trasladara a Iruñea y de que quedara en manos de la Audiencia Nacional, y ahora, se ratifican nuestras peores sospechas, con la petición de pena por parte del fiscal.
Se trata de un terrible golpe antidemocrático para los y las jóvenes, sus familias y amistades y para el pueblo de Altsasu. Hemos sido muchas las voces que desde la sociedad civil, desde los agentes políticos, sociales y sindicales, y también desde el ámbito institucional, nos hemos alzado una y otra vez para pedir justicia, democracia y proporcionalidad. Sin embargo, la Audiencia Nacional de mano de la fiscalía ha respondido con este despropósito.
Una trifulca generada en un ambiente festivo, acusación por delito de terrorismo y petición de penas de hasta 62 años de cárcel. Lo que sería impensable en un país con mínimas garantías y arraigadas reglas de juego democráticas es totalmente posible en el Estado español. Cuenta para ello con tribunales de excepción, aparatos de Estado, políticos, judiciales y policiales. Queremos destacar la gravedad de este caso y denunciar el uso político que se le ha dado desde el principio. Y también el impulso y manipulación mediática que ha sido decisiva en esta estrategia por parte de medios de comunicación unionistas. Estamos ante una maniobra política, mediática y jurídico-política que ha puesto en juego el futuro de 8 jóvenes de Altsasu y criminalizado a todo un pueblo.
Queremos hacer llegar nuestra solidaridad y el más cálido abrazo a las y los jóvenes de Altsasu y a sus familiares. Nuestro llamamiento, del mismo modo, a la gente de Altsasu, a la sociedad navarra y toda la ciudadanía de Euskal Herria a responder con firmeza desde la movilización popular. En el mismo Altsasu tenemos una clara demostración de ello.
Hacemos un llamamiento al Gobierno de Navarra y al Gobierno Vasco a que respondan con firmeza ante esta injusticia y trabaje con todos sus recursos por la libertad de los y las jóvenes y para finalizar con la ocupación de las fuerzas policiales y militares del Estado. Es el propio Estado que sigue respondiendo al nuevo tiempo que está en marcha en nuestro país con herramientas y estrategias del pasado el que debe ser desarmado.
Construyamos pues, con impulso popular y desde la implicación de los agentes un sólido muro democrático en Euskal Herria, para cortar el paso a los ataques civiles y políticos provenientes de Madrid, a todos los ataques antidemocráticos.
¡Queremos a las y los jóvenes en Altsasun, los necesitamos con nosotros y nosotras, libres!